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Aragón

memoria histórica

Los memorialistas se adelantan a las instituciones y crean su banco de ADN

La Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido ha recogido ya una veintena de muestras para tratar de hallar a desaparecidos, a la espera de que la DGA cree el banco previsto en la ley autonómica

Los responsables de Adico muestran un cráneo extraído de una foso y pendiente de identificar.
Los responsables de Adico muestran un cráneo extraído de una fosa y pendiente de identificar.
Javier Cebollada/EFE

Aragón cuenta desde 2018 con una Ley de Memoria Democrática, que además de avanzar en la retirada de simbología franquista del espacio público, prevé agilizar las exhumaciones o la creación de un banco de ADN, pero de momento las asociaciones memorialistas lamentan que no ven nada de ello.

"Voluntad" es la palabra que más repite Miguel Ángel Capapé, presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico), una de las más destacadas asociaciones memorialistas a nivel regional.

La asociación tiene una sede provisional cedida por el Ayuntamiento de Zaragoza a la asociación para desarrollar su actividad frente a la antigua cárcel de Torrero. Un local al que de momento no quieren llevar demasiado mobiliario por si el nuevo Gobierno municipal -de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox- decide desalojarlos de allí.

A Capapé, le acompañan Nacho Piedrafita, arqueólogo del equipo de Arico, y su padre, José Piedrafita, que acude a que le tomen una muestra de ADN que sirva para encontrar los restos del hermano de su madre, Antonio Latre, herido en el frente de Santa Quiteria (Huesca), trasladado a un hospital de Zaragoza y del que no se volvió a saber más. Ni siquiera saben dónde fue fusilado o enterrado.

Esta se suma a la veintena de muestras que la asociación ha recogido desde el pasado mes de abril -cada jueves por la tarde esperan pacientes en su sede de Torrero a quien pueda llegar-, que luego envía a un laboratorio privado, ya que de momento no llega el banco de ADN que prevé la ley aragonesa y reniegan de volver a trabajar con la Universidad de Zaragoza debido a malas experiencias pasadas.

Fuentes del Gobierno de Aragón achacan esta situación al particular momento político actual: un Ejecutivo en funciones con los últimos presupuestos prorrogados, lo que deja poco margen de maniobra. Pero recalcan  que en la última legislatura se ha avanzado más que nunca -y más que en otros lugares- en esta materia.

Hubo tiempos mejores, sin embargo, como los primeros años de aplicación de la Ley de Memoria Histórica, con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno central, cuando "los proyectos que había desde Madrid eran buenos", indica Capapé, quien los cuantifica en unos 60.000 euros que cubrían el cien por cien de los gastos de exhumación o identificación de cadáveres y los concedían antes de mitad de año.

Ahora, las cuantías de las subvenciones que necesitan para avanzar en la exhumación de fosas -se calcula que hay alrededor de 600 en todo Aragón, la gran mayoría sin abrir- son mucho menores, cubren solo el 80 por ciento y no se resuelven hasta los últimos meses del año, dejando muy poco tiempo efectivo para la realización de los trabajos y su justificación, denuncian.

Ello obliga a que los trabajos se dilaten en el tiempo; un tiempo que los pocos supervivientes entre los familiares directos de los represaliados no tienen, ya que rondan los cien años.

Sin ir más lejos, este mes de julio, Arico ha comenzado la exhumación de una fosa común en el cementerio de Las Mártires de Huesca, donde están enterrados 12 vecinos de la localidad de Angüés asesinados a principios de 1937.

De momento hay presupuesto para la exhumación, pero no para el ADN ni para el memorial, para lo que -advierte-  necesitarán de nuevas subvenciones públicas. De esta forma,  "igual el entierro hay que hacerlo en 2021", lamenta.

Antes, en los mejores tiempos, entre todas las asociaciones podían abrir hasta 7 u 8 fosas al año, mientras que al ritmo actual se necesitarían cien años más para actuar en todas. Y los principales afectados no tienen tanto tiempo.

Es una cuestión de "voluntad y ganas", repite continuamente Capapé, quien reclama medidas más allá de actos públicos para inaugurar monolitos. Como sucede en otros lugares, como País Vasco y Navarra, donde la implicación de los gobiernos en materia de memoria histórica se produce "al más alto nivel", la Comunidad Valenciana, donde dice que se está avanzando mucho en los últimos años o instituciones locales como los ayuntamientos de Sevilla o Valladolid o, sin ir más lejos, la Diputación Provincial de Huesca.

La solución que proponen es que el Gobierno autonómico cree equipos que trabajen todo el año en la apertura de fosas y en la identificación de cadáveres, cuyos datos se podrían identificar con el banco de ADN.

Hasta entonces, Capapé, Piedrafita y tantos otros siguen esperando, en la soledad de su pequeña sede de Torrero, que alberga una habitación con un escenario cuanto menos sobrecogedor: huesos recogidos en cajas de cartón apiladas con inscripciones como "Los Mártires, Fosa 1, Individuo 1" o "Individuo 9, Fosa 2, Pomer", esperando que alguien les devuelva sus nombres, sus apellidos y las historias que les robaron.

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