La elevación de aguas del Ebro a Andorra, clave para compensar el cierre de la central térmica, sigue estancada

La elevación de aguas del Ebro a Andorra, la obra que el Gobierno central se comprometió a impulsar hace nueve meses para intentar paliar el cierre de la central térmica en junio de 2020, sigue bloqueada. La modificación del convenio de gestión directa que debe aprobar el Consejo de Ministros continúa en tramitación, y es imprescindible para encomendar su ejecución a Aguas de las Cuencas de España, S.A. (Acuaes), según confirmaron desde el Ministerio de Transición Ecológica. Con un plazo de ejecución de 18 meses y un prolijo proceso administrativo aún por activar, es seguro ya que pasarán varios años antes de que la mejora del suministro de agua para uso doméstico, agroalimentario e industrial permita captar empresas que garanticen el futuro de las cuencas mineras.

La segunda fase de la elevación de aguas del Ebro a Andorra permitirá completar los doce kilómetros de tubería que van hasta la balsa de Piogordo (Alloza), el punto más elevado, para mejorar el servicio en Alloza, Alcorisa, Ariño y Andorra. La actuación contempla, además, un sistema de suministro a Albalate desde la Val de Arcos, las estaciones de bombeo y la instalación de la línea eléctrica. La obra se presupuestó de inicio en 35 millones de euros, aunque años después se rebajó el coste en 13 millones hasta los 22 que figuran en el proyecto actual, que Desarrollo Rural remitió al Gobierno en febrero de 2017.

Medio Ambiente lo dejó en un cajón hasta la última bilateral Aragón-Estado que se celebró en noviembre, unos días después de que Endesa anunciara de forma oficial el cierre de la térmica de Andorra, de la que dependen 4.000 empleos directos e indirectos en las cuencas mineras.

El anuncio que realizó la entonces ministra de Política Territorial y ahora presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se recibió con satisfacción en Aragón, a pesar de que llegó rodeado de inconcreción, como si fuera fruto de la improvisación. El tiempo está dando la razón a los que dudaban de una rápida ejecución.

Alternativas

Salvo el PSOE y Podemos, que aboga por buscar otras alternativas, todos los partidos exigen agilizar las obras. El portavoz del PP en las Cortes, Luis María Beamonte, fue el más crítico al achacar los retrasos a una "dejadez y desidia total". "Cuando falta menos de un año para el cierre de la central, ni siquiera han dado un paso al proyecto que ellos mismos consideraron prioritario", reprochó. Recordó que los populares siempre han insistido en que para una transición justa era necesario retrasar el cierre hasta 2030, a lo que se negó la ministra Teresa Ribera "con la complicidad de Javier Lambán y el PSOE aragonés".

Una opinión similar comparte Daniel Pérez Calvo, portavoz de Ciudadanos en las Cortes, quien denunció que "una vez más Pedro Sánchez y su equipo se caracterizan, además de por su falta de seriedad y de rigor, por poner parches en lugar de soluciones".

El presidente de Vox en Zaragoza, Santiago Morón, achacó el retraso al "poco peso que tiene Aragón en el actual Estado de las autonomías" y criticó la "compleja burocratización de la gestión del agua" y la política de transición ecológica del PSOE que "estamos sufragando entre todos los españoles y que afecta a la cuenca minera turolense". 

Para el aragonesista Arturo Aliaga, socio preferente de Lambán para la investidura, aunque el Gobierno central está en funciones "es urgente y necesario desbloquear este proyecto determinante para las cuencas mineras y para luchar contra la despoblación". Por su parte, se comprometió a seguir trabajando para que la elevación de aguas del Ebro a Andorra "se ejecute en su integridad y con la mayor celeridad posible".

Si bien es cierto que el Gobierno está en funciones desde las elecciones generales del 28 de abril, tiempo tuvo, más que suficiente, para avanzar en la tramitación administrativa de una obra con un proyecto definido y que resulta imprescindible para atraer empresas a unas cuencas mineras castigadas por el fin del carbón.

Atraer empresa

Tal es así que José Manuel Salvador, portavoz de CHA en Andorra-Sierra de Arcos, recordó que activar alternativas políticas para la zona debe afrontarse como una "prioridad política" para todos los gobiernos afectados. Aunque la elevación no era para su partido la mejor opción, exigió que se culmine y se rentabilice la inversión pública para dar más opciones a la agricultura y para atraer nuevas empresas.

También Álvaro Sanz, portavoz de IU en las Cortes, recordó que hay un convenio firmado por el Gobierno central y el aragonés que es "de obligado cumplimiento". "Una transición ecológica justa requiere de esta actuación de manera urgente. Solo así se puede garantizar el futuro de sus municipios", enfatizó.

Para la portavoz de Podemos-Equo, Maru Díaz, una solución que esté solo centrada en la elevación "no soluciona totalmente el problema". La formación defiende que hay que realizar una valoración del agua disponible en la zona de forma global, "teniendo en cuenta los 18 hectómetros cúbicos de la térmica de Andorra y el impacto de haber modificado la cuenca del Guadalope".