El Gobierno central se ha comprometido a impulsar la elevación de aguas del Ebro a Andorra para garantizar el futuro de las cuencas mineras. Así lo ha anunciado la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que ha comprometido el interés del Ejecutivo de Pedro Sánchez en que la actuación se asuma con la máxima celebridad. La ejecución de esta infraestructura, que requiere una inversión de 21 millones de euros y podría estar lista en un año y medio, es uno de los temas que se están analizando en la reunión bilateral que mantienen en estos momentos seis consejeros de la DGA y la ministra de Política territorial, Meritxell Batet.

Para el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, la elevación de aguas del Ebro a Andorra es la actuación “más importante que solicita Aragón” y debe ser declarada de “interés general”. El Gobierno central ejecutará las obras a través de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES).

Los consejeros de la DGA han solicitado también al Gobierno que pida a la Unión Europea que las cuencas mineras se puedan acoger al fondo de 7.500 millones de euros que está destinado a los territorios afectados por la transición energética.

En la reunión bilateral también se ha acordado la cesión, por parte del Gobierno, del Pabellón de España de la Expo a la DGA y se ha encomendado al Estado que solicite a la Unión Europea que impulse un fondo para apoyar la lucha contra la despoblación.

Respecto al desarrollo del artículo 108 del Estatuto de Autonomía, en la reunión bilateral se ha acordado constituir un grupo de trabajo integrado por tres representantes del Estado y otros tres de la DGA para interpretar el contenido preciso del artículo. Guillén ha defendido que el objetivo es firmar un convenio económico-financiero y que, al estar recogido en una ley orgánica, “debe cumplirse”:

La reunión ha comenzado de forma un poco “accidentada” por un retraso del AVE en el que viajaba la delegación del Gobierno central encabezada por la ministra Batet, que ha venido acompañada del secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez y la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón. En la reunión, en la que participan los consejos de Hacienda, Fernando Gimeno; Educación, Mayte Pérez; Vertebración, José Luis Soro; Economía, Marta Gastón; Presidencia, Vicente Guillén; y Desarrollo Rural, Joaquín Olona, se han analizado las controversias competenciales entre Aragón y el Estado. En este apartado, el Gobierno central ha decidido desistir del recurso que interpuso ante el Tribunal Constitucional el Ejecutivo de Rajoy contra el artículo 24 de la Ley de Emergencia Social, aunque se mantiene los demás. También se ha llegado a un acuerdo para que se modifique el artículo 118 de la Ley de contratos del sector público, para facilitar la contratación que se realiza desde las administraciones locales y los órganos de investigación de la universidad.

El Gobierno central se ha comprometido, además, a compensar a la DGA por las incapacidades temporales de los empleados públicos, de manera que el Ejecutivo PSOE-CHA recibirá la cantidad real y dejará de perder 1,7 millones de euros al año.