caso la muela

Pinilla todavía no ha recogido la sentencia que la envía a prisión

La defensa de la exalcaldesa impugnará el fallo ante el Tribunal Supremo

La exalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla, en la Audiencia de Zaragoza.
La exalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla, en la Audiencia de Zaragoza.
José Miguel Marco

La exalcaldesa y principal acusada del caso La Muela, María Victoria Pinilla, todavía no ha pasado por la Audiencia de Zaragoza a recoger la sentencia que la condena a 16 años, un mes y un día de cárcel como autora de once delitos de corrupción. El fallo se hizo público este jueves y obligaría a la exregidora a regresar al centro penitenciario de Zuera, donde ya pasó cuatro meses en prisión provisional tras su detención, el 18 de marzo de 2009. En cualquier caso, su abogado, Santiago Palazón, ya ha mostrado su intención de volver a impugnar el fallo ante el Tribunal Supremo.

Quien sí acudió ayer a recoger el fallo fue Julián de Miguel Ortega, empresario y responsable de Aranade, sociedad que gestionaba el urbanismo para el Ayuntamiento de La Muela. Para este, la sentencia ha supuesto un importante varapalo, ya que se le ha condenado a dos años y un día de cárcel por un delito continuado de fraude a la administración –del que fue absuelto en la primera vez– que también le obligaría a entrar en Zuera.

Cuando se celebró el primer juicio de La Muela, De Miguel llegó a un acuerdo con la Fiscalía y aceptó seis años y diez meses de prisión por cohecho, blanqueo de capitales, fraude y tres delitos fiscales. Pero al no superar ninguna de las penas individuales los dos años, el empresario navarro evitó el ingreso en prisión. El Tribunal Supremo dio por bueno el acuerdo, pero ordenó que volviera a ser juzgado por un delito continuado de fraude a la administración, ya que consideró que la Audiencia de Zaragoza no había fundamentado su absolución.

Y el fallo de este segundo juicio ha cogido por sorpresa al dueño de Aranade, ya que al pedirle la Fiscalía 2 años de prisión, pensaba que ni en caso de condena iría a prisión. Pero el tribunal se ha dado cuenta de que la acusación pública se equivocó al pedir la pena, ya que al ser un delito continuado el que se le atribuye el castigo mínimo son dos años y un día. Y ese día ‘de más’ lo llevará a prisión si el Supremo no lo impide.

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