terrorismo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva el atentado del vigilante en la GM en 1980
La Guardia Civil apunta que fueron tres miembros del grupo terrorista FRAP, pero aún no hay pruebas sólidas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional dio un plazo de un año al servicio de información de la Guardia Civil para investigar el atentado del vigilante de seguridad Jesús Argudo Cano, que murió el 2 de mayo de 1980 en las oficinas de la General Motors, en la calle Capitán Portolés, de un disparo en un atentado cometido por tres encapuchados, pero concluido ese tiempo lo han archivado a falta de pruebas contundentes. Aun así, la fiscal Carmen Monfort ha abierto la posibilidad de que ante la llegada de nuevas pruebas y del informe definitivo de la Guardia Civil pueda reabrirse el caso para cumplir la búsqueda del derecho a la verdad que reclama el hijo de la víctima de terrorismo. Como este caso solo hay cinco en España, en los que no es necesario llegar a juicio porque el caso está prescrito.
La prolija investigación del servicio de Información de la Guardia Civil, que ha entrevistado a más de veinte personas, apuntó que el director general adjunto de la General Motors (GM)recibió llamadas de sujetos, que se identificaban como miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriota), en las que le exigían el pago de impuesto revolucionario. Esta denuncia presentada después de los hechos, el 15 de julio de 1980, se guardaba en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. En este mismo centro. HERALDO pudo comprobar que había desparecido buena parte de la documentación respecto a los hechos de la semana en la que ocurrió el atentado.
El decreto del fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Santos reconoce que "dado el tiempo transcurrido, no existe constancia de las llamadas telefónicas a la Agencia Efe y al ya inexistente periódico ‘Aragón Express’ reivindicando el atentado". Aun así, se publicaron esas informaciones de que esas llamadas se hicieron en nombre del FRAP.
Asimismo, la Guardia Civil solicitó información a los agentes policiales, al Juzgado de Instrucción 3 de Zaragoza, a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, a la Policía Local y a los archivos históricos y locales sobre el atentado cometido el 2 de mayo de 1980, como a otros que hubieran cometido en aquellos años las organizaciones terroristas FRAP y FRAVA (Frente Revolucionario Antifascista Vasco Aragonés).
El Juzgado de Instrucción 3 de Zaragoza les comunicó que no existían archivos con los efectos intervenidos el día del atentado, ni se habían practicado diligencias ampliatorias tras el archivo del sumario(que se produjo dos meses después de suceder el asesinato y ni siquiera se practicó la prueba de balística del disparo).
Fuentes de la investigación señalan a este periódico que parte del ímprobo trabajo por la Guardia Civil se ha encontrado con que hubo "voluntad de ocultarlo". Afectó tanto al Juzgado como el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y al Gobierno Civil en sus documentos.
De hecho, la noche del atentado los directivos de la General Motors se personaron en casa del fallecido para decirles que la muerte de Jesús Argudo fue "un ajuste de cuentas y no tenía nada que ver con la empresa". Aun así, el trabajo de los efectivos del Servicio de Información no ha concluido y todavía no ha presentado su informe definitivo que están elaborando para conocer todos los detalles obtenidos.
Es otra paradoja que la General Motors cambió de posición el 8 de mayo de 1980 (seis días después del atentado y las reivindicaciones del FRAP) y se publicó en los periódicos que había decidido entonces subcontratar trabajos con empresas aragonesas para la construcción de los coches en lugar de que provinieran de otra procedencia.
