Las Cortes piden beneficios fiscales y administrativos para las cuencas mineras mientras dure la transición energética

Las Cortes de Aragón instan a aprobar nuevos beneficios “fiscales y administrativos” mientras dure la transición energética para atraer inversión y desarrollar nuevos proyectos que sirvan de motor a las cuencas mineras. Se trata de una de las 43 medidas incluidas en el dictamen de la comisión especial que ha estudiado las consecuencias del cierre de la central térmica de Andorra en 2020, que se aprobará mañana en el último pleno de la legislatura.

El texto, de 23 páginas, será remitido en breve al Gobierno de Aragón, el de España y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. También se enviará a todas las empresas e instituciones que participaron en la comisión, incluida Endesa. PP, PSOE, Podemos, PAR, Ciudadanos, CHA e IU coinciden en que la eléctrica “no está suficientemente implicada en los problemas que genera su marcha en el territorio” y en que la transición no será justa si se apuesta por cerrar sin que haya alternativas viables establecidas.

El fin del carbón, afirman los partidos, representa “un grave problema” para el futuro de la provincia, ya que en la actualidad “persiste una alta dependencia económica”. El dictamen contiene 16 propuestas sobre infraestructuras, cinco relacionadas con la formación, seis pensadas para atraer inversión y otras 16 ideadas para garantizar el desarrollo económico. Entre las primeras destaca la apuesta por la A-68. Los grupos instan a “priorizar y ejecutar con celeridad” el tramo que va desde El Burgo de Ebro hasta Valdealgorfa, que tendría que completarse posteriormente “con su salida natural al mar”. En materia ferroviaria, urge la conexión con el corredor Caspe-Tarragona como vía para la exportación.

Extender la banda ancha y la fibra óptica, crear una fábrica de aprendizaje para atender todas las necesidades del sector de la automoción y abrir un centro de estudios ambientales y otro de investigación son otras de las propuestas. Se exige, por otra parte, un plan para los polígonos industriales ya existentes, incentivos a empresas y apoyo a microproyectos y acciones de I+D+i que vayan acompañadas “de medidas adicionales que generen empleo”.

Por esta comisión, propuesta en origen por el PP, pasaron alcaldes, empresarios, instituciones y representantes del tejido social. De sus testimonios se desprende la necesidad de crear un plan de turismo supracomarcal y de elaborar iniciativas destinadas a la recolocación de trabajadores de las subcontratas. Las Cortes también urgen a promover, junto al resto de comunidades afectadas, un cambio de normativa europea para permitir los incentivos regionales para las empresas ya implantadas en el territorio, así como a solicitar la ejecución “total” de las medidas de impulso económico y reactivación de las comarcas que ya contempla el actual Acuerdo Marco para una transición justa, ya que, como recuerdan, los planes impulsados hasta ahora “no siempre han cumplido las expectativas”.

Esto, unido a la crisis, supuso el fracaso “de importantes proyectos impulsados por los planes Miner”. Los grupos recuerdan que España “seguirá, de momento, quemando carbón” y que el hueco energético que dejarán las centrales térmicas “no se cubrirá con energías renovables”. Las consecuencias, subrayan, se notarán en el empleo, los ayuntamientos, el tejido social y los regantes, por lo que piden, entre otras cosas, que los nuevos parques solares se instalen en terrenos de propiedad municipal, fórmula que permitiría que los ingresos de los alquileres reviertan en las arcas municipales y no en propietarios particulares.

La provincia, en todo caso, cuenta con una serie de fortalezas, entre las que destacan la abundancia de suelo, el compromiso de las empresas ya instaladas y la mano de obra con experiencia en el sector industrial y energético que, unidas a estas medidas, podrían hacer de la transición “una oportunidad”.