Los 67 diputados de las Cortes de Aragón mantendrán su sueldo hasta mediados de junio, dos meses y medio después de que se disuelva la Cámara el 2 de abril. El nuevo reglamento del Parlamento autonómico, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2017, oficializó el derecho de los parlamentarios a seguir cobrando parte de su salario hasta la constitución de la Cámara tras las elecciones del 26 de mayo, que será en torno al 20 de junio. Los miembros de la Diputación Permanente, integrada por 23 parlamentarios y otros 23 suplentes, cobrarán los mismos conceptos hasta esa fecha. La Mesa y Junta de Portavoces deberán acordar, además, la cantidad que percibirán los 21 diputados rasos para los que en 2015 se acordó el sueldo base en 14 pagas más las dietas de desplazamiento.

El salario común de cada uno de los 67 diputados (35 por Zaragoza, 18 por Huesca y 14 de Teruel) se eleva a 3.040 euros, y las indemnizaciones por dietas oscilan entre los 798 y los 2.462 euros al mes, según los kilómetros recorridos para llegar a la Aljafería o si forman parte o no de la Mesa. Así, si se estimara un coste aproximado de dos meses y medio de sueldo (del 2 de abril al 20 de junio) para 44 diputados (los 23 suplentes de la Diputación Permanente y los 21 rasos) y por un importe de 4.679 euros (3.040 y 1.630 por dietas), su aplicación requeriría unos 513.000 euros, según los criterios de 2015. Pero es solo una proyección. La Mesa fijará los conceptos.

El artículo 28.6 del nuevo reglamento de las Cortes es el que establece que "los derechos económicos reconocidos a los diputados se aplicarán hasta el día de la constitución de la nueva Cámara". Se atiene, para ello, al régimen económico del trabajo parlamentario regulado desde 1997, y que establece que "se tendrá derecho a la percepción de estos conceptos desde el momento de la toma de posesión hasta que se constituya la nueva Cámara tras la celebración de elecciones, salvo que se produzca con anterioridad la pérdida de la condición de diputado".

Los parlamentarios de Aragón en Madrid pueden solicitar una indemnización de transición

Esta compensación económica, similar a la indemnización de transición del Congreso de los Diputados y el Senado, es anterior a la cesantía por fin de actividad que sus señorías (que no tienen paro) podrán pedir tras la constitución de la nueva Cámara y que equivale a una mensualidad por cada año de mandato parlamentario o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de 18 mensualidades. Esa cesantía es incompatible con un cargo público electo o político de libre designación y con ingresos procedentes de trabajo en el sector público o privado o una pensión. En 2015, 8 de los 39 diputados aragoneses que no repitieron solicitaron su cobro, con un gasto global de 204.585 euros.

Los 67 parlamentarios cobrarán hasta mediados de junio aunque la actividad de las Cortes, a partir del 2 de abril, será mínima. Tan escasa, de hecho, que se reducirá al trabajo que desempeñe la Diputación Permanente, que deberá vigilar los decretos-leyes aprobados por la DGA. Pero para poder cobrar las dietas, todos ellos deberán acudir como hasta ahora al Parlamento.

Hasta el fin de la VIII legislatura, los decretos de convocatoria de elecciones no incluyeron la disolución de las Cortes. La popular Luisa Fernanda Rudi fue la primera que lo aplicó, siguiendo la recomendación del Consejo Consultivo, y el socialista Javier Lambán tiene previsto hacer lo mismo.