Las 12.267 familias con escasos recursos que solicitaron el verano pasado las ayudas de alquiler de la DGA correspondientes a 2018 no sabrán hasta dentro de un mes si están en la lista de beneficiarios y, en el mejor de los casos, podrán cobrar a principios de mayo los 8,9 millones de euros previstos. La avalancha de solicitudes provocó un atasco burocrático sin precedentes en la Dirección General de Vivienda, que se ha encontrado con el problema añadido de la prórroga presupuestaria, lo que ha complicado aún más la resolución de los expedientes. El mismo problema existe en la convocatoria de rehabilitación, que afecta a otras 1.468 personas y que prolongará aún más, hasta junio, el pago de los otros 12 millones de esta línea de subvenciones.

La directora general de Vivienda, Mayte Andreu, anunció que las convocatorias de subvención de arrendamientos, la general y la específica para jóvenes, estarían solucionadas en diciembre y se pagaría en enero, pero para entonces se estaba aún en una fase incipiente de tramitación. Tampoco se ha cumplido la segunda fecha dada, por la que los jóvenes tendrían que haber cobrado en febrero y el resto a lo largo de marzo, cuando expira el plazo máximo fijado en la convocatoria de las ayudas.

Andreu ha explicado este lunes que a la propia complejidad de la tramitación de las convocatorias por el récord histórico de solicitudes se unieron los problemas de gestión informática, que provocaron el citado atasco. Y a esto se ha sumado la no disponibilidad de los fondos necesarios, imprescindible para resolver los expedientes.

Desde los departamentos de Vertebración y de Hacienda insisten en que la partida estará desbloqueada en breve y se podrá así concluir la tramitación, de modo que los beneficiarios puedan cobrar a principios de mayo.

Los funcionarios han logrado avanzar en la convocatoria de ayudas de alquiler para jóvenes, cuyos expedientes se podrían haber remitido hace semanas para su fiscalización a la Intervención General de la DGA si hubiera partida disponible. A expensas de ello, el 58% de los solicitantes podrán cobrarlas, lo que supone que 1.040 personas se repartirán 2 millones.

En el caso de la convocatoria general, a la que optan a 9.626 familias para un total de 6,9 millones, la tramitación está en un fase anterior: pendiente de remitir los expedientes a la mesa de valoración porque tampoco hay fondos disponibles para resolver la convocatoria. Por ahora se han publicado en el boletín oficial las solicitudes rechazadas o archivadas que corresponden a las provincias de Huesca y Teruel, 523, y están pendientes las de Zaragoza.

Sin cobertura

Lo peor no es que se vaya a pagar tarde, sino que miles de familias se quedarán sin poder cobrar. Los 8,9 millones que se destinan a alquiler no permitirá cubrir, ni de lejos, semejante número de solicitudes. Para hacerse una idea, con los 7,9 millones presupuestados en 2017 se pudieron atender las necesidades de 4.961 demandantes. Y con un 17% más de presupuesto para las ayudas de 2018 no se podrá atender el aluvión extra de solicitudes, del 43,6%.

Los agraciados cobrarán tarde, pero al menos tendrán garantizada la subvención por tres años (2018, 2019 y 2020). La percepción máxima alcanzará los 2.880 euros anuales, mientras los jubilados recibirán 3.600 euros y las familias numerosas, un poco más, 4.320 euros.

La prórroga presupuestaria ha complicado aún más la situación, ya que la Secretaría General Técnica de Hacienda debe autorizar el desbloqueo de los fondos. Además, se requiere de una modificación presupuestaria, ya en tramitación, por 1,4 millones para pagar íntegramente las ayudas de vivienda del año pasado.

Las subvenciones de 2018, que ascienden en total a 20,9 millones, son cofinanciadas por el Ministerio de Fomento y la DGA, pero solo estarán disponibles los 12,5 millones que ingresó el Estado. La parte de Aragón, como consecuencia de la Ley de Estabilidad, no se ha incorporado a las cuentas de 2019, aunque en otras autonomías sí se ha hecho. Esto obliga a recurrir a los fondos de este año para pagar las subvenciones de 2018, lo que generará un ‘agujero’ de 6,6 millones que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, prometió cubrir en cuanto haga falta para convocar las ayudas de este año.