Las próximas elecciones serán muy especiales para unos 3.000 aragoneses con discapacidad intelectual que podrán volver a votar o hacerlo por primera vez tras una reforma de la ley electoral que reconoce el sufragio para las personas de este colectivo sobre las que pesaba una sentencia de incapacitación.

La alegría por la consecución de esta reivindicación se ha visto empañada esta semana por una instrucción de la Junta Electoral Central (JEC) en la que se permite a los interventores y apoderados de los partidos políticos en las mesas apuntar el DNI de personas con discapacidad que duden que han votado "de forma consciente, libre y voluntaria".

El colectivo está en pie de guerra y exige la retirada de esta directriz por entender que vulnera la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y es "claramente discriminatoria".

Aunque el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Íñigo Alli, impulsor de la reforma que garantiza el voto a estos ciudadanos, ha asegurado que los letrados que han asesorado a la JEC sobre este tema van a proponer al órgano arbitral que precise esta norma, las organizaciones esperan una rectificación oficial.

"Esta directriz se ha elaborado sin ninguna consulta con el movimiento social y contradice el espíritu de la reforma electoral de diciembre. Está cargada de un enfoque que prejuicia a las personas con discapacidad y las señala sometiéndolas a sospecha y colocándolas en una situación de desventaja", denuncia Santiago Villanueva, presidente de la organización Plena Inclusión Aragón.

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Además, se pregunta en voz alta qué sentido tiene anotar la identidad de estos electores si su voto va a ser finalmente tan válido como el de cualquiera. "¿Qué van a hacer? ¿Una lista negra para las próximas elecciones? A la manipulación estamos sujetos cualquiera de nosotros", afirma.

Plena Inclusión está preparando dos encuentros de personas de este movimiento con representantes de los distintos partidos políticos para que les presenten sus programas y puedan plantearles preguntas. El 27 de marzo está prevista una primera cita, de cara a los comicios nacionales. La jornada se aprovechará para llevar a cabo un simulacro electoral, como ya se ha hecho en otros sitios, en el que se quiere que los que votan por primera vez puedan ensayar todo el proceso.

A sus 50 años, el zaragozano Paco Monteagudo votó por última vez en el año 2000. Volverá a hacerlo esta primavera después del cambio de ley que le ha restituido este derecho, aunque puede seguir incapacitado judicialmente para otras cuestiones. Está eufórico: "Poder decidir quién va a gobernar me hace sentirme otra vez un ciudadano de pleno derecho. Es una gran conquista para nosotros".

Monteagudo, un auténtico activista de la organización Plena Inclusión, tiene muy clara la primera pregunta que le lanzaría a un político: "¿Cuántas personas discapacitadas están trabajando en los diferentes partidos políticos?".

El gran escollo al que se enfrenta el colectivo es que puede ser fácilmente influenciable. Unos prejuicios que rechaza de forma tajante. "Cualquier persona puede ser manipulable. Nosotros somos capaces de pensar por nosotros mismos. Lo que sí hay que favorecer es que se nos trate con normalidad y que sean unas elecciones accesibles de verdad, en la que la información y los programas se presenten de tal forma que todo el mundo pueda comprenderla", reivindica.

El pequeño de cinco hermanos, padece síndrome de West, una enfermedad neurológica grave. Trabaja en el Centro Especial de Empleo Oliver y pertenece al grupo de autogestores de Plena Inclusión. Su lema de vida da nombre a la primera asociación en España formada únicamente por personas con discapacidad intelectual, con un grado igual o superior al 33%: 'Los que no se rinden’.