Podemos, crítico con la JEC por permitir señalar a los electores discapacitados, valora elevar una reclamación

Podemos está valorando si elevar una reclamación a la Junta Electoral Central (JEC) tras su instrucción que permite a apoderados e inspectores de los partidos registrar en el acta el DNI de los electores con discapacidad que ellos crean que no ejercen su derecho a voto de consciente, libre y voluntariamente.

Este 28 de abril, unas 100.000 personas con discapacidad intelectual votarán por primera vez gracias a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que entró en vigor el pasado diciembre.

Una instrucción de la JEC daba, este martes, directrices para garantizar el cumplimiento de esta reforma y, en uno de sus puntos, explica que miembros de las mesas electorales, así como interventores y apoderados de los partidos, podrán apuntar en las actas los DNI de aquellas personas con discapacidad que, a su juicio, no estén ejerciendo el voto de manera consciente, libre y voluntaria.

Esta situación es, para Podemos, un "hecho claro de discriminación" que "vulnera los derechos humanos porque contradice la Convención de Naciones Unidas", según ha explicado a Europa Press la portavoz 'morada' en esta materia, Teresa Arévalo.

PROBLEMAS POR UNA ENMIENDA DEL PP

La diputada ha explicado, además, que su formación ya advirtió de que la reforma de la LOREG podría traer "problemas" por su redacción. En concreto, se refiere a una enmienda que el PP introdujo en el texto a su paso por el Senado y que, según Arévalo, "descafeinó" los cambios.

El cambio que introdujeron los 'populares' incluía, precisamente, los términos "consciente, libre y voluntariamente" en la ley, unos adjetivos que, para la portavoz suponen "condiciones" para estas personas.

"Ya lo dijimos en la tribuna del Congreso, que en base a representaciones prejuiciosas el derecho a voto de las personas con diversidad funcional está supeditado a que alguien, parece ser que según la JEC serán interventores y apoderados, decida sobre su consciencia, libertad y voluntad", denuncia la diputada 'morada'.

"Esto supone que la reforma no sea garantista y provoque inseguridad jurídica", ha concluido.