El PP ha bloqueado este miércoles la solución respaldada por el resto de grupos políticos de las Cortes de Aragón que evitaría que Teruel pierda un diputado como consecuencia de la despoblación. El vicepresidente de la Cámara, el popular Antonio Suárez, considera una "aberración jurídica" que se proponga una reforma exprés de la Ley Electoral de Aragón para tener en cuenta la población censal y no el número total de habitantes a la hora de asignar escaños.

Esta fórmula, planteada por los servicios jurídicos de la Cámara, impediría que la circunscripción de Teruel tenga que ceder uno de sus catorce diputados a la de Zaragoza, que dispondría así de 36 de los 67 parlamentarios.

El rechazo del PP a la solución ha llegado hasta el punto de oponerse en la Mesa y Junta de Portavoces a su tramitación urgente, presentada por el PSOE con el apoyo del resto de grupos y que requería de unanimidad para entrar en el pleno de la próxima semana. La portavoz popular, Mar Vaquero, ha señalado que no podía respaldar unos «papelitos, una propuesta cogida con alfileres» que «vulnera» el derecho a ser representados a los 300.000 aragoneses que no pueden votar, los menores de 18 años.

Vaquero ha aclarado que no están en contra de solventar el problema, pero sí de que, a su juicio, se fuercen los criterios interpretativos «sin sustento legal» por el hecho de que el Gobierno PSOE-CHA no lo haya solucionado en tiempo y forma.

Vaquero ha asegurado que reconsiderarán su negativa si hay un informe jurídico que avale la solución, de modo que dejarán que se tramite por lectura única la proposición de ley que van a registrar PSOE, Podemos, PAR, Ciudadanos, CHA e IU. De este modo, podría salir en el ‘pleno escoba’ de la legislatura, previsto para el 28 y 29 de marzo.

El portavoz del PSOE, Javier Sada, y el resto de portavoces han censurado que el PP bloquee una solución que salió de los servicios jurídicos de las Cortes para evitar que Teruel, como consecuencia de la despoblación, pierda representación parlamentaria.

El encargado de llevar la propuesta a la Junta de Portavoces ha sido Sada, aunque contaba con el aval del resto de grupos, salvo el PP, con 24 horas de antelación. «Es mentira que sea ilegal y el PP dijo que la parecería bien cualquier solución para solventar el problema que se ajustara a la legalidad y ahora pone pegas», ha lamentado.

La diputada aragonesista María Herrero ha ido más lejos al instar al PP a que reconsidere su postura y, al menos, deje que se tramite una proposición de ley amparada por 46 de los 67 parlamentarios.

Aunque hace cuatro años ya estuvo a punto de perder el escaño Teruel y ganarlo Zaragoza, nada han hecho el Gobierno ni las Cortes de Aragón esta legislatura para solventar el problema, que ya hizo perder con antelación otros dos escaños a la provincia más castigada por la despoblación. La DGA fue la que advirtió la situación hace una semanas a la Cámara tras hacerse público el dato de población a enero de 2019, con la que se calcula la asignación de escaños a las tres provincias.

La distribución de diputados se rige por el Estatuto y la Ley Electoral de Aragón de 1987. El primero especifica que las Cortes tendrán entre 65 y 80 diputados y fija que la cifra de habitantes necesarios para asignar un diputado a la circunscripción más poblada (Zaragoza ) no pueda superar 2,75 veces la correspondiente a la menos poblada (Teruel). Y este coeficiente es el que provoca que con la caída de población, Teruel pierda un escaño, de 14 a 13, y lo gane Zaragoza, que tendrá así 36 de los 67 escaños.

Como no da tiempo a cambiar el Estatuto, los servicios jurídicos estudiaron, a requerimiento de la Junta de Portavoces, una reforma de la ley Electoral limitada a la asignación de escaños. Y tras analizar catorce escenarios, concluyeron que solo cabía aumentar dos escaños en la Cámara, que ganaría Zaragoza, con el fin de que Teruel no perdiera uno.

La solución no convenció por su coste económico y por el hecho de que tampoco mantenía la actual representatividad territorial, por lo que los mismos servicios jurídicos plantearon hace quince días la solución que la mayoría de la Cámara ahora respalda.