El texto de la ley de los derechos y atención a las personas con discapacidad, que mañana se votará en la Comisión de Derechos Sociales de las Cortes de Aragón y se aprobará el próximo 21 de marzo en el último pleno de esta legislatura, se cerró este lunes en la ponencia que lo ha estudiado con un alto grado de consenso entre las fuerzas políticas. El informe garantiza la continuidad de los centros públicos de educación especial, a la vez que apuesta por una mayor inclusión en todos los ámbitos, incluido el educativo.

"Toda la ley está impregnada de un espíritu de inclusión. Se habla de dotar de mayores recursos a las escuelas públicas para favorecer que los alumnos con algún tipo de discapacidad puedan estudiar en ellas, pero al mismo tiempo hay que apostar por los centros especiales", dijo ayer el representante de Podemos en esta comisión, Raúl Gay.

Una enmienda presentada por la formación morada, en la que planteaba que la segregación de estudiantes desaparecería en el horizonte de una década, había generado la preocupación de familias con hijos con discapacidad intelectual. Gay aseguró que hoy por hoy, aunque los colegios públicos contaran con fondos suficientes, tanto "las familias" como "la realidad" hacen ver que los establecimientos de enseñanza especiales van a seguir siendo necesarios.

Por su parte, la coordinadora de la ponencia que estudia el proyecto de ley, Pilimar Zamora (PSOE), destacó que del total de las 431 enmiendas parciales presentadas (117 por el PSOE, 101 por Podemos, 75 por el PAR, 65 por PP, 53 por Cs y 23 por IU) se aprobaron por unanimidad el 93% y subrayó que ha primado «el acuerdo en su gran mayoría por unanimidad».

Zamora recordó que se trata de una ley demandada por el colectivo, que verá "cómo su vida va a mejorar", y que el PSOE cumple así una de sus de sus "promesas electorales".

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Sin memoria económica

Algo más crítica se mostró la representante del PP, Marian Orós, pese a que reconoció el nivel de consenso que se ha logrado. "Ante el fracaso del Gobierno, porque el anteproyecto llegó tarde, mal y sin memoria económica, se ha hecho un esfuerzo para que salga adelante. El éxito hay que atribuirlo a los distintos colectivos, que han estado allí, y a todos los grupos parlamentarios, sin excepción, que hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a acuerdos", valoró.

Desde Ciudadanos, Desirée Pescador opinó que esta es la ley que "más consenso ha generado en esta legislatura y todos los artículos se han transaccionado". Además, propugnó la necesidad de que el Gobierno central también impulse una ley similar.

Por parte de IU, Patricia Luquin mencionó la continuidad de los colegios especiales e hizo una valoración positiva "porque es una ley demandada desde hace muchísimo tiempo y, además, necesaria".

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Un profesional de referencia y una página web específica

Una de las medidas que contempla la Ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad es la creación de la figura de un profesional único de referencia que sirva de coordinador y vínculo entre los diversos profesionales socio sanitarios que les atienden. De esta manera se pretende mejorar la atención que actualmente se presta a la vez que reducir la carga de cuidados que habitualmente soportan las familias y allegados.

El representante de Podemos, Raúl Gay, pone tres ejemplos de los avances que va a suponer esta norma. En algunos hospitales se creará un equipo, constituido por un psicólogo y un orientador administrativo, que desde el mismo momento del parto se encargará de atender e informar a las familias que tengan un hijo con alguna discapacidad o en riesgo de padecerla. Además, para facilitar el acceso a la información relacionada con este colectivo, que supone el 8% de los habitantes de la Comunidad, la DGA creará una página web específica. Por otra parte, en el plazo de un año se regulará la prestación del asistente personal.

Las multas económicas por discriminación es uno de los aspectos más llamativos. A las infracciones graves incluidas en el anteproyecto se han sumado los actos o espectáculos públicos que atenten contra la dignidad de los discapacitados.