Aragón quiere proteger a las personas con discapacidad, el 8% de las que residen en la Comunidad. Para ello ha preparado un anteproyecto de ley que contempla medidas encaminadas a garantizar sus derechos y una correcta atención, y que castiga con multas que van de 300 euros a un millón de euros las acciones que discriminen al colectivo. El Ejecutivo autonómico se compromete, además, a elaborar un plan de acción integral para las personas con discapacidad que se aprobará en el Consejo de Gobierno y se revisará cada cuatro años.

El anteproyecto de ley, que está en información pública, incluye entre las infracciones muy graves los incumplimientos de las normas de accesibilidad universal, las vejaciones y las acciones que causen un grave perjuicio económico o profesional a los discapacitados, las que conculquen su dignidad y las que generen situaciones de riesgo o grave daño en su integridad física o psíquica. Impone, además, las máximas sanciones, que van de los 90.001 euros a un millón, para las conductas en las que los autores se muevan por odio y por desprecio a personas con una discapacidad severa.

El régimen sancionador es una de las principales novedades que introduce la futura norma. Así lo indica JuanCarlos Castro, miembro de Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en Aragón, que explica, además, que esta ley permitirá adecuar la normativa autonómica a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad que aprobó la Organización de Naciones Unidas en 2006 y fue ratificada por España un año después.

"Sujetos con derechos"

Castro resalta que este anteproyecto representa, también, un cambio de concepto porque se pasa de considerar a los 104.000 aragoneses que sufren algún tipo de discapacidad "objetos de atención" a "sujetos con unos derechos que hay que preservar y defender". Tiene en cuenta, además, a las entidades que defienden los derechos de estas personas y establece planes y políticas que garantizan una atención integral.

El anteproyecto plantea la creación de una junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal que tratará de resolver conflictos en el ámbito de la discapacidad, siempre que no existan indicios racionales de odio, sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que proceda en cada caso.

Discriminación positiva

El Ejecutivo autonómico impulsará acciones que permitirán que los discapacitados puedan ejercer sus derechos de forma plena y efectiva, para avanzar hacia una vida independiente y una inclusión efectiva.

El anteproyecto incluye medidas de discriminación positiva en vivienda, con un impulso a los pisos tutelados y convertibles; empleo, con la reserva del 8% de las plazas de empleo público que, si no se cubren, se irán acumulando; transportes, donde especifica que los conductores de autobús recibirán formación en accesibilidad, y ocio, con reservas de espacios adecuados para ellos.

Para los discapacitados visuales se apuesta por el uso de perros guía, y se garantizará su libre acceso a todos los lugares, alojamientos, locales, transportes y espacios públicos, si bien se establece que se desarrollará en un reglamento posterior.

El Gobierno aragonés espera tener listo el proyecto de ley en mayo para poder iniciar la tramitación parlamentaria. Hasta entonces, organizaciones como Cermi están revisando el texto, que está en información pública, para aportar sus alegaciones. Su entrada en vigor supondrá la derogación de la Ley 3/1997, que regula la supresión de barreras arquitectónicas, para adoptar medidas renovadas que supongan un avance más efectivo hacia la accesibilidad universal.