Responsables de Educación del Gobierno de Aragón aseguraron ayer a una representación de la Plataforma por unos comedores escolares públicos de calidad que en lo que va de legislatura se han hecho más de 4.000 inspecciones nutricionales en diferentes comedores escolares de la Comunidad.

Este dato se aportó para tranquilizar a las familias, que insisten en reclamar un mayor control y verificación de los alimentos que se sirven en los menús de los centros escolares y exigen que se hagan de forma periódica y que los resultados sean públicos.

Miembros de esta plataforma mantuvieron ayer una primera reunión con el director general de Planificación y Formación Profesional, Ricardo Almalé, y con la directora del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, Isabel Arbués, para hablar sobre el protocolo que permitirá el seguimiento y evaluación de la calidad del servicio de comedor de los colegios aragoneses.

En el encuentro, las familias insistieron en la necesidad de que se hagan muestreos selectivos de las bandejas que se sirven en los comedores para verificar, sobre todo, que los alimentos se corresponden realmente con lo que pone en las etiquetas.

Esto, más allá de las inspecciones que pueda llevar a cabo la Administración para analizar los valores puramente nutricionales.

La plataforma lleva tiempo denunciando que los criterios que más pesan a la hora de decidir la adjudicación de estos servicios son puramente económicos y reclaman que se tengan en cuenta la calidad, el valor nutricional y la proximidad de estos alimentos.

Un laboratorio de referencia

Según explicaron ayer fuentes de la plataforma, las familias reiteraron su exigencia de que la Administración tenga un laboratorio de referencia para hacer controles exhaustivos de las bandejas servidas. O que hagan estos controles mediante convenios con la Universidad o Sanidad.

También insistieron en que todas las empresas adjudicatarias de estos servicios se sometan cada trimestre, como mínimo, a un control exhaustivo (nutricional, de los componentes, etcétera) de las bandejas que sirven. Y que los resultados de estos informes de inspección, tanto de los sanitarios como de los de calidad, sean públicos.

La de ayer fue la primera reunión después de que el Gobierno de Aragón aceptara regular las comisiones encargadas de supervisar los menús de los comedores escolares de los centros públicos de infantil, primaria y educación especial.

El protocolo regulará el seguimiento y la evaluación de la calidad de estos servicios. Entre los puntos contenidos en el primer borrador entregado por la Administración se recoge la obligación de todos los centros públicos aragoneses de crear una comisión especial para supervisarlos.

Esta exigencia de aumentar los controles y la supervisión de los menús escolares, sobre todo cuando se trata de comedores de línea fría, puede ser el punto en el que más vayan a discrepar las familias y la Administración a la hora de redactar el protocolo.

Aunque, a priori, tanto la Plataforma por unos comedores escolares públicos de calidad como Fapar –la federación de ampas de colegios públicos– han acogido bien la iniciativa.