El 19% de los aragoneses bajo el umbral de la pobreza reciben el Ingreso Aragonés de Inserción

Uno de cada cinco aragoneses bajo el umbral de la pobreza se beneficia del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). De los 134.237 habitantes de la Comunidad que se encuentran en estado de necesidad o padecen situaciones de marginación, 25.183 (los titulares de la renta y sus familiares) perciben esta ayuda económica, lo que supone un 18,8%. Así se desprende del estudio dado a conocer este jueves por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales basado en el informe de rentas mínimas de inserción correspondiente a 2017.

Con este porcentaje de casi un 19%, Aragón se convierte, después de País Vasco y Navarra, en la tercera comunidad, junto a Cantabria, con mayor cobertura de esta prestación, y muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 8%. La diferencia con los líderes de la clasificación son extremas, pues en el País Vasco este porcentaje es de un 76,3% y en Navarra el 66,1%. La renta media de un hogar aragonés es de 33.428 euros y la del perceptor del ingreso de inserción se sitúa en 4.714 euros, que representan el 14,11%.

Aragón se sitúa entre las cinco regiones que garantizan más del 10%, junto a Cantabria (18,8%), Asturias (17,4%), Comunidad de Madrid (11%) y Castilla y León (10,7%). Por el contrario, en el resto de comunidades esta renta mínima no llega ni siquiera al 5% de su población bajo umbral de la pobreza, siendo Castilla-La Mancha, con un 2,1%, y Murcia, con un 3,6%, las que se encuentran en peor situación.

La oportunidad perdida de la renta social básica

El coordinador en Aragón de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, hace una valoración positiva de los datos que ofrece la Comunidad con respecto al conjunto de España. “Si no se tienen en cuenta los territorios de régimen foral, como son País Vasco y Navarra, con una cobertura muy superior a la de otros sitios, Aragón está a la cabeza. Todo es muy mejorable, por supuesto, pero ha tenido una evolución positiva y se ha avanzado en aspectos como la agilización de los procesos”, explica.

García lamenta que en esta legislatura se ha perdido la oportunidad de que el Gobierno aragonés aprobara la renta social básica, uno de los proyectos estrella fallidos del Ejecutivo de Javier Lambán. Después de admitirse a trámite en marzo de 2016 y recibir 294 enmiendas se bloqueó cuando Podemos decidió levantarse de la ponencia de estudio. Más allá del cruce de acusaciones entre los diferentes partidos por este tema, este profesional considera que las formaciones políticas se han enroscado en “posturas maximalistas” que han impedido llegar a un acuerdo.

Para este profesional, garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser “cuestión de Estado” y una prioridad de cualquier Gobierno “que se preocupe por la dignidad de las personas”. En su opinión, una renta social básica como la que se planteaba, que de salir adelante hubiera sustituido al actual IAI y a las ayudas familiares, se adapta mejor a la pobreza de este siglo XXI que llega a un colectivo mucho más amplio y heterogéneo de lo que hasta ahora se consideraban personas en riesgo de exclusión.