Más de 7.600 familias se benefician del IAI, aunque hay cerca de 10.000 solicitudes

Para el director del IASS, a partir de 2015, "se ha sabido tratar a esta prestación como un derecho".

Tener más dinero es uno de los deseos más demandados por los aragoneses.
Billetes de euro.

Más de 7.600 familias aragonesas se benefician, en la actualidad, del Ingreso Aragonés de Inserción, aunque, el número de solicitudes llega hasta casi las 10.000. Estos son los principales datos que ha trasladado el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos.

El director, que ha comparecido en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, a petición del PAR, se ha mostrado satisfecho porque tanto la gestión de las solicitudes como las reclamaciones a la Comisión de Garantías han bajado su plazo de resolución hasta llegar a un mes.

Santos ha comenzado recordando que esta prestación económica cuenta con veinticuatro años de historia y que desde el año 2007, cuando se recibieron 653 solitudes, "no ha parado de crecer", hasta llegar a las 9.969 recibidas en 2017, lo que supone un aumento de un 1.400 por ciento, una cifra que, según este responsable, "da cuenta del enorme alcance de la crisis económica en Aragón y del aumento de las situaciones de pobreza y exclusión social".

Para el director del IASS, durante la anterior legislatura, es decir, entre 2011 y 2015, esta prestación "no estuvo a la altura y se mantuvo alineada por las disposiciones económicas", a la vez que la tramitación de nuevas solicitudes o renovaciones alcanzó los nueves meses de plazo.

A partir de 2015, "el IASS ha sabido tratar a esta prestación como un derecho" y, por ello, ha buscado "la resolución en el menor tiempo posible, aumentando el presupuesto y contratando a más profesionales", con el objetivo de que "las familias obtengan este ingreso en tiempo y forma". De este modo, el responsable de esta área social del Gobierno de Aragón se ha felicitado porque "el tiempo habitual de la propuesta de resolución es inferior a un mes", así como las reclamaciones tratadas por la Comisión, que también registran este plazo.

Además, Santos ha aseverado que en 2015 y 2016 "se han aumentado las disponibilidades económicas para el pago continuado" a los actuales 7.628 ciudadanos que tienen reconocido este derecho. Una circunstancia que, según sus palabras, ha provocado que "los presupuestos hayan aumentado 55% en dos ejercicios hasta alcanzar los 46,5 millones de euros actuales".

También ha argumentado la subida en las solicitudes del IAI por la negativa de otras coberturas como la del desempleo y las condiciones de precariedad laboral. De esta forma, siguen aumentado los perceptores y las solicitudes y, por ello, desde el IASS se está trabajado en el desarrollo de una herramienta electrónica para facilitar los trámites, recudir plazos y trasladar una información más rápida sobre su trámite a ayuntamientos, comarcas y ciudadanos, como ha anunciado su gerente.

Incremento de la pobreza

Para la diputada del PAR, Elena Allué, solicitante de esta comparecencia, "es verdad que ha habido algún avance sobre todo en la agilidad en la tramitación", aunque "la situación de vulnerabilidad y pobreza no ha variado, sino que se ha incrementado".

La parlamentaria ha recordado que el 23% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza, lo que ha calificado de "tremendo". En comparación con la anterior legislatura, para Allué hay muchos más recursos, "más de 450 millones", y, pese a estas cifras, "el Informe de la Intervención General ha cifrado la insuficiencia para este 2017 en cuatro millones de euros".

Por su parte, para la popular Ana Marín, que exista este volumen de solitudes es "preocupante". "Desde mayo de 2016 hasta 2017, el paro ha bajado, pero el número de personas que han solicitado el IAI ha crecido", ha estimado. "No nos alegramos que haya más gente cobrando el subsidio, sino que desde nuestra gestión, nos alegramos de que haya más gente trabajando", ha recalcado.

Según Marín, "el actual presupuesto no tiene previsión", ya que se trata de "una cantidad que si falta dinero se trae de otra partida como la dependencia donde hay gente pendiente de cobrar", ha añadido.

La diputada del PSOE, Pilimar Zamora, ha agradecido la labor a este gestor y ha repasado la historia de este recurso que cumple veinticuatro años. "Cuando más necesaria era esta prestación nos encontramos con retrasos de nueve meses", a lo que ha recordado "las manifestaciones por los colectivos" y "una reforma con nuevos requisitos que no fue aprobada".

"El Gobierno ha cumplido con el objetivo de atender a los ciudadanos que lo estaban pasando peor a través de una gestión más eficaz de la comisión de garantías, y haciendo realidad esa esencialidad de este derecho", ha concluido.

Para Amparo Bella, de Podemos Aragón, "no se puede estigmatizar la pobreza" y ha recordado que en Aragón un 42% de los hogares tienen dificultades para llegar a final de mes. La diputada ha reconocido que es "un año de transición" entre las rentas mínimas y las rentas de protección. Desde este grupo se ha cuestionado "cómo se van a cubrir los cuatro millones que faltan para el pago de este recurso", y ha reclamado que "no se subsanen con recursos de la dependencia, como el año anterior".

Desirée Pescador, del Grupo Ciudadanos, ha reconocido la mejora en la gestión del IAI y ha recordado que la previsión para este año es de 7.000 familias, a la vez que ha mostrado su preocupación por las actividades de seguimiento que se hacen desde el Departamento para garantizar el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios. "Presumieron de que se aumentaban las partidas, pero les faltó la dotación presupuestaria adecuada y nos tememos que pueda ocurrir lo mismo en 2017", ha manifestado.

Patricia Luquin, del Grupo Mixto (IU), ha recordado "el atasco de los trámites" de la anterior legislatura y ha señalado que "se han mejorado los plazos y el incremento de las cuantías". "La disponibilidad presupuestaria no debe ser la cortapisa de Ingreso Aragonés de Inserción y se debe lanzar un mensaje tranquilizador a las personas que tienen derecho a este ingreso", ha estimado. Luquin ha pedido "el compromiso de garantizar estas prestaciones a todos los beneficiarios.

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