Un año y medio después del último encuentro, la comisión Aragón-Estado, máximo órgano de relación entre el Gobierno central y el aragonés, celebró ayer una nueva reunión cuyo único logro relevante fue el compromiso de ejecutar la elevación de aguas a Andorra (Teruel), aunque sin concretar los plazos. La Comunidad tiene demasiados asuntos pendientes como para desperdiciar las escasas ocasiones de negociación directa.

La cita de la comisión bilateral debía haber servido para mejorar la colaboración entre Aragón y el Estado. Sin embargo, no se lograron avances significativos en el fondo de las cuestiones que están sobre la mesa y ni siquiera se mantuvieron las formas: por una parte, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, llegó tarde; por la otra, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, se fue pronto. Poco interés se demostró, pues, a pesar de la gran cantidad de déficits que arrastra la Comunidad en su relación con el Estado, desde la financiación autonómica a la estrategia para hacer frente a la despoblación, pasando por los trenes y las carreteras.

El Gobierno de Pedro Sánchez está muy limitado por su dependencia de los secesionistas catalanes y los nacionalistas vascos. Estos le dieron su apoyo para sacar adelante la moción de confianza contra Mariano Rajoy, pero pretenden ahora lograr grandes réditos políticos y presupuestarios a cambio de mantenerle en la Moncloa a pesar de disponer de una minoría parlamentaria (84 diputados). Una de las consecuencias de esta debilidad es que relega a las demás autonomías y a sus justas reivindicaciones conculcando así el espíritu constitucional que establece que todos los españoles debemos ser tratados con el criterio de la igualdad en los derechos como ciudadanos; es decir, que ninguna persona puede ostentar más privilegios que otra por el solo hecho de ser vecino de uno u otro lugar.