La DGA multará a las personas que tengan que ser rescatadas por una imprudencia

El Gobierno de Aragón sancionará a las personas que tengan que ser rescatadas por una imprudencia o "una conducta inapropiada". Lo adelantó este martes la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, durante la constitución del Observatorio de la Montaña de Aragón.

Este organismo, integrado por 32 componentes, entre los que figuran las direcciones generales de Administración Local y Turismo, la Agencia Estatal de Meteorología, la Federación Aragonesa de Montaña, Protección Civil, el 061, la Guardia Civil o la Unidad de Policía Adscrita, se dividirá en cuatro subgrupos que estudiarán, entre otros aspectos, las causas de la siniestralidad en el medio natural, el tipo de personas que lo visitan y las carencias formativas que tienen.

Aunque, en palabras de Júlvez, es "pronto" para precisar la horquilla de sanciones y qué comportamientos serán objeto de penalización, existe el compromiso de analizar el marco legal que existe actualmente a fin de detectar "necesidades y disfunciones".

Un segundo grupo se centrará en "aquellas actividades que contribuyen a luchar contra la despoblación y a dinamizar la economía y la cultura de la región". "No olvidemos que el 15% de la actividad económica del Pirineo gira alrededor de la montaña", explicó la directora de Justicia e Interior.

Otro de ellos analizará "los escenarios que existen en la Comunidad para ofrecer un turismo de calidad con seguridad". "Cada grupo estará formado por cuatro o cinco personas. Debido al número de intervinientes, es posible que se creen uno o dos subgrupos. El objetivo es que sean dinámicos y que las dotaciones económicas que existan para este sector se unifiquen de cara al ejercicio de las políticas del observatorio. Es decir, hay que establecer una serie de ejes y necesidades y buscar dotación para cubrirlas", comentó.

Recalcó, a este respecto, que "el Gobierno de Aragón no tiene actualmente capacidad sancionadora en estos supuestos", de ahí que se quiera analizar una por una las actividades y actuaciones que se realizan en el medio natural. "Estos comportamientos pueden ser reprobables, imprudentes o inadecuados, pero no constituyen un ilícito administrativo o penal per sé, sino que conllevan un riesgo para quienes van a rescatarles o provocan daños", añadió. El objetivo es que estas personas sepan "el coste que conlleva cada rescate".

Como ejemplo puso el protagonizado por dos vecinos de Andorra en el Bergantes a finales de octubre. "Los Bomberos les han pasado las tasas correspondientes, pero el Gobierno de Aragón no cobra", manifestó.

En las próximas dos semanas quedarán constituidos los subgrupos. "Una vez hechos, se establecerán los ejes sobre los que se trabajarán", apuntó Júlvez.

La previsión es que el Observatorio se reúna al menos dos veces al año. Además de recoger y analizar datos, impulsará jornadas, seminarios y congresos y tratará de fomentar la cultura de la autoprotección, a través de la formación y la planificación.