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La cuenca andorrana exige que las ayudas a la reactivación vayan a zonas mineras

Alcaldes y sindicatos turolenses piden que los gobiernos comiencen a aplicar el plan nacional.Los trabajadores de Samca podrán prejubilarse aunque la empresa decida seguir a partir de enero.

Una vez firmado el acuerdo que regulará el sector del carbón hasta su total desmantelamiento en 2027 entre Ministerio de Transición, sindicatos y patronal, la cuenca minera turolense exige que los 250 millones de euros previstos para atraer iniciativas empresariales y generadoras de empleo alternativo vayan a parar a zonas mineras y no se dispersen por áreas colindantes, como ha ocurrido hasta ahora.

A las convocatorias habituales de grandes proyectos, "miniminer" y ayudas a la restauración se sumará un Plan de Acción Urgente y Transición Justa para comarcas mineras "a consensuar con las comunidades autónomas, las entidades locales y los actores sociales" como la propia ministra del área, Teresa Ribera, destacó durante su intervención. Se trataría de nuevos mecanismos que permitan generar empleo a partir de actividades que tengan que ver con el desarrollo de recursos endógenos como la recuperación de patrimonio industrial o la implantación de iniciativas energéticas; o el apoyo a emprendedores a través de incentivos fiscales, deducciones del impuesto de sociedades o de cotizaciones.

"La teoría está muy bien, ahora lo que urge es que se pongan a trabajar cuanto antes las administraciones para que realmente empiecen a verse los resultados", opinó el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, que recordó que el plan actual (2013-2018) también contempló cantidades que, a falta de un mes para que concluya el plazo, todavía no se han repartido en su totalidad. "De hecho había también un apartado para infraestructuras municipales que se solicitaron, se evaluaron en la mesa de la minería y se priorizaron, pero aún no ha llegado ni un euro", añadió.

Sí que ha habido convocatorias anuales hasta 2016 de proyectos empresariales grandes y pequeños. No obstante, la mayoría han acabado en localidades en las que nunca ha habido minas como, por ejemplo, Fraga, con un sector hortofrutícola en auge que puede acogerse a este tipo de ayudas al estar cerca de Mequinenza. "El problema es que no se atrae inversión a la zona. Si hubiese proyectos para Andorra, las ayudas se quedarían aquí", lamentó Alejo Galve, secretario de UGT en Teruel y trabajador de la térmica de Endesa.

El nuevo ‘Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027’ es un texto general que habrá de instrumentalizar a través de decretos, convocatorias y publicaciones en el BOE. "Estaremos más satisfechos cuando empecemos a ver resultados pero lo que hemos hecho es sentar las bases para comenzar a trabajar", valoró el representante de CC. OO. por Aragón en las negociaciones, Antonio Montoyo. "Sabemos que puede ser el último plan y lo que queremos es trabajar para que las zonas mineras no vayan a la despoblación", añadió su homólogo en UGT, Francisco Montull.

Otra de las cuestiones que los representantes sindicales quisieron aclarar es que en Aragón los trabajadores que cumplan con los requisitos podrán acogerse al plan social de prejubilaciones al menos por el momento, ya que tanto Samca (Ariño) como Compañía General Minera (Estercuel) están acogidas al cierre de al menos una de sus unidades de producción en 2018. En el caso de que en enero Samca –tal y como se prevé– comunicara que desea continuar con la actividad y devolviera las ayudas a Europa como exige la normativa, se habría de formar una mesa de negociación en la que se contemplarían "condiciones similares" para los trabajadores. "No habrá ningún problema", garantizaron ayer tanto Antonio Montoyo como Francisco Montull.

Desde el Comité de Empresa de la térmica también celebran el acuerdo sindical pese a que insisten en que no resuelve su principal preocupación: el cierre de la central en 2020. Endesa, por su parte, mantiene que no va a invertir los 190 millones de euros que se necesitan para alargar la vida útil de la planta sin medidas que garanticen la quema de carbón autóctono. "Ahora mismo no hay ningún avance regulatorio que nos permita garantizar la rentabilidad de la inversión", dijo el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner.

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