Aragón busca fórmulas jurídicas para evitar la llegada de Uber y Cabify

El Gobierno de Aragón, el sector del taxi y las empresas tradicionales de Vehículo con Transporte de Conductor (VTC) se han reunido este miércoles para buscar fórmulas jurídicas que eviten la llegada de compañías como Uber o Cabify a la comunidad autónoma en los próximos cuatro años.

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros del nuevo decreto ley que regula la actividad de este tipo de trasporte, el Ejecutivo autonómico ha citado a los dos sectores económicos que podrían verse amenazados por el desembarco de nuevas compañías para garantizar que mantengan su coexistencia pacífica.

Actualmente, hay 166 licencias de VTC en vigor en la comunidad, de las cuales únicamente 40 operan habitualmente en Zaragoza, mientras que más de 120 conductores prestan sus servicios en otras regiones y podrían verse obligados a regresar a Aragón con la nueva normativa, de acuerdo con los datos presentados por el Ejecutivo autonómico.

Estas cifras elevan la media a una licencia de VTC por cada 13 conductores de taxis en Aragón, lo que impide que se concedan nuevas autorizaciones en los próximos años porque el límite marcado por ley se encuentra en una ratio de 1/30.

Asimismo, hay más de 90 solicitudes de licencias, registradas entre 2009 y 2015, que están pendientes de su concesión porque el proceso se ha judicializado, por lo que si la justicia les da la razón la ratio podría reducirse a un vehículo de VTC por cada 9 taxis.

Tras la reunión, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha defendido ante los medios tanto al sector del taxi como a las empresas tradicionales de VTC que llevan "décadas" trabajando desde la "legalidad" y que no suponen una "competencia desleal", ya que prestan diferentes servicios.

En ese sentido, ha denunciado que el nuevo decreto ley, elaborado por el Gobierno de España, no está pensado para comunidades como la aragonesa, en la que ambos sectores conviven, sino para realidades como la de Madrid o Barcelona, donde sí que operan Uber y Cabify.

"Todavía no sabemos cuál es el marco regulatorio", ha señalado Soro, quien ha recordado que el proyecto de ley aún tiene pendiente su convalidación en el Congreso de los Diputados y su contenido podría verse modificado cuando se tramite.

"Hay muchas cuestiones que podemos aprobar, que van a beneficiar al taxi, a las VTC tradicionales y sobre todo a los usuarios", ha argumentado el consejero, quien ha recordado que los ayuntamientos también tendrán entre sus competencias el establecimiento de limitaciones o condiciones para estos vehículos.

Con el objetivo de seguir trabajando en nuevas fórmulas jurídicas para regular el sector, el Gobierno de Aragón ha convocado un subgrupo de trabajo el próximo jueves, en el que se seguirán exponiendo algunas de las "dudas" que se recogieron en la mesa de directores generales que se reunió la semana pasada.