El Juzgado de Primera Instancia 17 de Zaragoza ha perdonado una deuda de 318.000 euros a una zaragozana que era avalista de la empresa de congelados de su exmarido, que cayó en la crisis en 2008, al aplicarle la ley de Segunda Oportunidad.

El juez José Julián Nieto Avellaned aplicó la normativa que se creó en julio de 2015 después de que se nombrara un mediador concursal. Llegó a celebrarse una Junta de acreedores a la que no acudieron los tres bancos y dos financieras, a los que la acreedora adeudaba la mayor parte del dinero. La consecuencia fue que el mediador presentara un escrito de conformidad a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

El magistrado asumió que la deudora, que estaba separada, tenía una insuficiencia de la masa activa ya que solo percibía un salario mensual de 1.065 euros, mientras que la masa pasiva era de 318.532,72 euros. En este caso, la casa de una urbanización y un vehículo fueron embargados anteriormente para asumir parte de la deuda, y por eso ella se quedó sin posibilidades de afrontar la devolución.

Además, la mujer de 44 años podía acogerse a esta normativa porque no fue declarada culpable en el concurso de acreedores, no había sido condenada en sentencia firme por delitos contra el Patrimonio, el orden socioeconómico, contra la Seguridad Social o Hacienda, o contra los derechos de los trabajadores. Y la deuda era inferior a cinco millones.

"No habíamos intentado un acuerdo extrajudicial con los acreedores y se trataba de una persona física que no podía afrontar las deudas con su salario", señaló su abogado Rafael López Garbayo, del despacho Independencia 24. "La gente no se lo cree, pero es como volver a nacer en la vida civil", agregó.

El magistrado José Julián Nieto Avellaned aceptó acordar el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho a la deudora, una vez que había cumplido los trámites previstos en la ley, que no se personaran los acreedores y por la conformidad de la administración concursal.

En las deudas que quedaban vivas para la mujer no había ni a la Seguridad Social de los seis trabajadores que tuvieron porque las asumió el exmarido ni tampoco a la Agencia Tributaria. Cuando conoció todas las deudas pendientes, la deudora quería solucionarlo de alguna manera porque había opositado al Ayuntamiento de Zaragoza y se le quedaban 400 euros mensuales de los 1.700 que gana.

Quería llegar a algún acuerdo porque su vida solo giraba en torno a toda la deuda que le había dejado su exmarido de herencia. Su abogado Rafael López Garbayo le explicó esta posibilidad y levantaron los embargos. "Es una medida muy buena para tener una nueva vida civil", concluyó ayer la deudora.

"No me creo todavía que me lo perdonaran"

Leyre (un nombre ficticio) tiene 44 años y cuenta que ella no se enteró de la deuda que su exmarido fue amasando con la empresa de congelados para hostelería aunque utilizó su firma como avalista. "Funcionó la empresa cinco años, pero la crisis de 2008 nos afectó porque los bares y restaurantes a los que llevábamos tortillas, fritos, mariscos, nécoras o pimientos rellenos dejaron muchas deudas", explica Leyre. "Nos embargaron un unifamiliar y el coche. Y luego me comí toda la deuda porque era avalista sin enterarme de nada", apuntó. "Me separé y nos fuimos con mi hija a vivir con mis padres. Es un capítulo de mi vida para olvidar". Leyre optó por ir a los siete juzgados para conocer las deudas, que compraron unas financieras. "No me creo que me hayan perdonado", dijo.

Como Leyre ha habido casi 200 aragoneses a los que se les han aplicado esta normativa para su segunda vida civil.