El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, reunirá en las próximas semanas a taxistas y conductores de vehículos de alquiler (VTC) con el objetivo de abordar la regulación del sector, que el Estado acaba de dejar en manos de autonomías y municipios. Soro pretende consensuar un modelo que beneficie a los intereses de Aragón, aunque entiende que la DGA solo podrá adoptar medidas en lo que afecta a los servicios interurbanos tras un primer análisis del decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

El texto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez cede a las administraciones autonómicas y locales la potestad de vetar a los vehículos VTC la prestación del servicio en trayectos urbanos, aunque fija una moratoria de cuatro años con el fin de evitar el pago de indemnizaciones a los actuales titulares de licencias.

El decreto ley establece que al final de este periodo transitorio, las autorizaciones VTC de ámbito estatal quedarán habilitadas únicamente para prestar servicios interurbanos. Según explicó Fomento, para que los vehículos de alquiler puedan realizar trayectos urbanos como hacen los taxis «deberán solicitar la correspondiente autorización a las comunidades autónomas o los ayuntamientos».

Tras una primera lectura del decreto ley, Soro ha subrayado que a la DGA le tocará exclusivamente regular el transporte interurbano, dado que el órgano competente en materia de transporte urbano es el ayuntamiento. De hecho, el de Zaragoza ya planteó en agosto su interés por hacerse cargo de la regulación. Y según el decreto-ley, podrá limitar las licencias de Uber y Cabify en función de la utilización del dominio público viario, la gestión del tráfico y la prevención de la contaminación atmosférica. Concretamente, podrá restringir los estacionamientos de los vehículos VTC, así como sus horarios y calendarios de servicio.

Soro ha lamentado que la norma está pensada para solucionar la situación de las grandes capitales, donde la flota de Uber y Cabify ha generado un enfrentamiento con el sector del taxi. En este sentido, ha considerado que ambas empresas no operan en Aragón y que aquí han convivido los taxistas con los conductores de VTC «de forma absolutamente razonable».

No obstante, el consejero de Vertebración del Territorio ha estimado que con el decreto ley se podrá adaptar el sector «a la realidad de Aragón», dado que a partir de ahora la DGA podrá fijar las condiciones de precontratación, la solicitud de servicios, la captación de clientes, los recorridos mínimos y máximos, los servicios u horarios obligatorios y hasta las especificaciones técnicas que deberán cumplir los vehículos VTC.

Soro tampoco ha ocultado su malestar por la decisión del Gobierno central de ceder las competencias y fijar el marco regulatorio a las comunidades autónomas y ayuntamientos sin ni siquiera consultarles. «El decreto ley lo he conocido hoy –por ayer–, no se nos ha consultado y ahora han citado a los directores generales para la próxima semana. Las cosas se hacen de otra forma», lamentó el consejero.