El Consejo de Gobierno de la DGA aprobó este martes incrementar en otras 200 las plazas concertadas en residencias privadas con el fin de atender las necesidades de mayores dependientes que no pueden valerse por sí mismos. Para ello, se modificará el acuerdo marco firmado en 2014 para incrementar la partida en 553.368 euros.

Con esta última ampliación, las arcas autonómicas sufragarán las necesidades de 1.935 dependientes en residencias privadas o gestionadas por ayuntamientos y comarcas. Este número supone un 80% más de las plazas que se concertaban al inicio de la legislatura, concretamente 1.073, según detalló este martes la consejera de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto.

Dicho acuerdo marco se firmó en 2014 por un importe de algo más de 63 millones de euros repartido en cuatro anualidades, aunque se aumentó la dotación en 2 millones en 2016 y en otros 1,2 millones en 2017 al incrementarse los dependientes reconocidos.

Lo que no aclaró el Gobierno de Aragón es el número de personas que siguen a la espera a de poder entrar en una residencia por su elevado nivel de dependencia (las que tienen reconocidos el grado II y III por parte de la Administración).

En este sentido, el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, explicó a este diario que sí existen listas de espera en las residencias, pero parte de los peticionarios están apuntados en varias, sin que la DGA haya hecho un cribado para saber el número exacto. "Además, muchos renuncian cuando les toca porque les es más favorable la prestación asociada al servicio", dijo antes de hablar de que la "sensación"es que la lista "no es muy voluminosa".

Lo que sí es una realidad constatada por la estadística oficial es la de los 5.925 dependientes que tienen reconocida la prestación y, a estas alturas, no disfrutan de cobertura pública. Son los denominados ciudadanos en el "limbo", cuyo número sería mucho mayor si el Ejecutivo autonómico fuera más diligente con la lista de espera de ciudadanos que esperan la valoración para poder a acceder a las ayudas: 6.907 estaban a la cola al cierre de 2017, un 67% más que hace dos años, según el informe del observatorio de la dependencia que hizo público hace menos de un mes la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

El dato lo contrarresta la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales aportado el sustancial incremento de personas que reciben una prestación o servicio  en función de su nivel de dependencia: 27.778 se beneficiaban al cierre de agosto, 11.111 más  que al inicio de la legislatura, en junio de 2015.

Mariví Broto enfatizó que han puesto "mucho empeño"en la gestión y en la aportación de fondos  para avanzar en la dependencia, "sin haber tenido más apoyo del Gobierno central".

La ocupación de las nuevas plazas concertadas en residencia será "inmediata"en función del tiempo que lleven a la espera y beneficiará "a todo el territorio".

En total, el Ejecutivo autonómico da cobertura de forma directa o indirecta a más de 10.000 mayores dependientes en residencias públicas y privadas. La red propia de la DGA cuenta con 2.150 plazas repartidas en 11 centros ubicados en las tres provincias y todas ellas están ocupadas en la actualidad. "Se ocupan con rapidez cuando quedan vacantes", explicó Santos.

El Ejecutivo autonómico también financia prestaciones vinculadas a servicios, que han pasado de 3.672 a 5.553 beneficiarios en la  legislatura. "A 550 se les financia el centro de día y al resto parte de la cuantía de su residencia", dijo el director del IASS.

Y se llega a las 10.000 plazas en residencias con los 1.935 grandes dependientes a los que se les financiará su estancia en una residencia privada o de titularidad comarcal o municipal.

Sin embargo, la diputada del PP Ana Marín insistió en criticar el número de personas que siguen a la espera de valoración: "Es una trampa, porque es muy fácil recocer dependientes de grado I, que perciben 453 euros mensuales de media, y olvidarse de los de grado III, que requieren 800 euros".