Las Cortes plantean que la DGA asuma "con todos sus derechos" la plantilla del Instituto del Agua

Un informe de las Cortes de Aragón defiende la inclusión de la plantilla del Instituto Aragonés del Agua (IAA) en la de la DGA "con todos los derechos adquiridos". Los diputados debaten desde diciembre cómo transformar el Instituto en la dirección general del Agua, que se enmarcaría dentro de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Se trata de una cuestión que tendría que haber quedado resuelta el 1 de enero, pero que sigue generando dudas.

La principal se centra en la plantilla. Los sindicatos de la DGA opinan que todos los trabajadores del IAA que entrasen a la dirección sin haber superado un proceso de selección tendrían que ser transferidos como interinos, ya que lo contrario, sería "una cacicada". El informe, en cambio, sostiene que estas personas "son personal laboral de una entidad que ya es pública", por lo que se tendrían que respetar todos sus derechos.

Sindicatos como CSIF critican que no haya habido negociaciones "desde hace más de un año", momento en que se llevó la propuesta a la mesa sectorial. También arremeten contra la "incertidumbre" que rodea al proceso, que afectaría a 35 trabajadores.

El texto se debatirá en septiembre en la ponencia de las Cortes que trabaja desde hace ya nueve meses para dar forma a la futura ley de reorganización de competencias administrativas en materia de aguas. Será entonces cuando, previsiblemente, se acuerde la extinción del Instituto, creado durante la legislatura PSOE-PAR.

El coordinador de la ponencia, el socialista Herminio Sancho, asegura que la extinción del IAA "no va en contra de nadie ni nada". "No se está poniendo en duda el trabajo del Instituto. Creemos que esta opción es más práctica y funcional. Queremos volver al orden administrativo", dice. La decisión se tendría que haber adoptado en junio, pero, de acuerdo con el diputado, ha sido imposible cuadrar agendas.

El informe, ya en manos de los diputados, fue encargado a petición de todos los grupos. "No podíamos hacer una ley a espaldas de los letrados. Queríamos hacerlo así para que luego no hubiese problemas y fuese recurrido ante los tribunales", expone Sancho, que pide tranquilidad a los trabajadores y recalca que se garantizarán todos los puestos.

Posturas enfrentadas

Pese a existir una voz mayoritaria a favor de la extinción del IAA, que este año cuenta con un presupuesto de 73,9 millones de euros, partidos como el PAR creen que el cambio sería "absurdo", ya que la dirección general "absorbería el personal del IAA" y sus funciones serían "las mismas". "No vemos motivos, beneficios, ni justificación", señala la diputada Lucía Guillén.

A pesar de las discrepancias, la Consejería de Desarrollo Rural asegura que la extinción del Instituto se acometerá "este mismo año", una promesa que el consejero Olona lleva arrastrando al menos dos ejercicios. Serán los diputados, no obstante, quienes marcarán los tiempos. Este trámite no afectará, a priori, al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), que se girará en Zaragoza a la vuelta del verano, ya que su cobro está externalizado.