Las concesiones de nacionalidad a extranjeros caen un 72% en Aragón por problemas burocráticos

Cuando parecía que el numero de nacionalizaciones de extranjeros volvía a crecer tras años en los que la inmigración -y por lo tanto la demanda de nacionalidad- había descendido, un problema administrativo ha hecho que miles de inmigrantes hayan tenido que esperar más de lo que desean.

Durante 2017 solo 801 inmigrantes consiguieron la nacionalidad por motivos de residencia. La cifra es un 72% inferior a las concesiones otorgadas el año anterior, cuando fueron 2.868, lo que unido a otros supuestos como matrimonio o ascendencia española aumentaban el número de nacionalizaciones a casi 5.000. El atasco se da por igual en toda España, al ser un trámite ejercido por el Estado. En concreto, en todo el país fueron 25.924 los foráneos que lograron conseguir su DNI, por los 93.760 de 2016.

El Ministerio de Justicia achaca este descenso a “problemas administrativos”, y en concreto, a los fallos y el retraso que ha ocasionado la migración a un sistema telemático que pretendía reducir muchos de los trámites y que fue instaurado el pasado verano. Aunque las tramitaciones han vuelto al ritmo normal en lo que va de 2018, organizaciones y asociaciones que ayudan a los inmigrantes con esta burocracia siguen lamentando el “embudo” que existe.

Joaquín Soguero es presidente de España Abierta, una de estas asociaciones con sede en Zaragoza y que ha ayudado a tramitar la nacionalidad a más de 10.000 personas desde que comenzara su labor en 1997. En su caso han conseguido tramitar todas las solicitudes que han promovido, “pero el tiempo de espera es muy alto. Un extranjero que solicita la nacionalidad puede esperar entre año y medio y tres años hasta conseguir su DNI”, explica Soguero, que cree que la burocracia no es la adecuada para solucionar este problema.

A ello se suman endurecimientos que se han dado en el proceso de adquisición. Desde 2015 los extranjeros solicitantes deben realizar un examen de idiomas -exento para los que proceden de países de habla hispana- y otro sociocultural. Estos test, junto con las tasas, suman además un coste que ronda los 300 euros. En 2012 el antiguo Gobierno del PP intentó desatascar las peticiones encargando parte de los trámites a los Registradores de la Propiedad. Esto ayudó a que salieran adelante más expedientes, pero el colapso continúa.

El año siguiente a esa medida el número de nacionalidades por residencia creció con fuerza en Aragón hasta superar las 6.000, pero después volvieron a caer hasta el repunte del año pasado. Debido a este problema sostenido, el Defensor del Pueblo advirtió en su informe del año pasado que se debía dar una solución “concreta” a la tramitación de nacionalidades.

Soguero señala también que en los últimos años se ha fiscalizado especialmente la documentación a los inmigrantes. “En Venezuela, donde hace años se quemó un edificio administrativo con decenas de miles de partidas de nacimiento, tienen el problema de que no se puede aportar este documento, pero se sigue pidiendo a pesar de que España conoce esta situación. El resultado es que en Venezuela muchos abogados se están lucrando 'fabricando' partidas de nacimiento a precios que superan los 1.000 euros”, sostiene, mostrando pruebas que le han entregado algunas de las personas que acuden a su asociación.

Marroquíes y ecuatorianos, los que más nacionalidades obtienen en Aragón

La norma indica que para solicitar la nacionalidad española por residencia es necesario residir de forma comprobada y legal en el país dos años para los países de habla hispana o que cuentan con convenio, cinco años para los que tienen la condición de refugiados, y 10 para el resto de nacionalidades y, por último, a partir de un año si se ha nacido en España de padres extranjeros. Los marroquíes fueron los que consiguieron mayor número de nacionalidades españolas el año pasado en Aragón (un total de 186 ciudadanos), seguido por los ecuatorianos (82), colombianos (58) y bolivianos (13).

Más allá de atajar el problema de los retrasos en la nacionalidad, Soguero invita a repensar todo el modelo de inmigración, especialmente en el reconocimiento de derechos para los inmigrantes ilegales. “Una persona ilegal debe demostrar 3 años de residencia en España para optar a los permisos de trabajo y residencia. ¿Qué hace un inmigrante en tres años sin poder trabajar legalmente? Las opciones que le quedan son en el mejor de los casos ser explotado con un trabajo ilegal y mal pagado, y en el peor, robar, traficar o prostituirse. El mantenimiento de estos requisitos revierte en un aumento de la delincuencia y las actividades y el trabajo ilegal”, opina.