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Aragón

Los discapacitados perderán la tarjeta de aparcamiento en caso de fraude

La DGA endurecerá en breve la normativa que regula su uso para atajar las prácticas ilegales detectadas, que además pueden acabar en el juzgado

Señal de espacio reservado para el aparcamiento de personas con movilidad reducida en una calle de Zaragoza.
Señal de espacio reservado para el aparcamiento de personas con movilidad reducida en una calle de Zaragoza.
Aránzazu Navarro

El Gobierno de Aragón endurecerá las condiciones para el uso de las tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Ultima un decreto que regula exhaustivamente las obligaciones de los titulares de este documento, a los que, en caso de incumplir, se les podrá retirar temporalmente la tarjeta e incluso cancelarla.

El proceso para fijar las condiciones de utilización comenzó hace ahora un año, y en la memoria justificativa se advierte que "la ausencia de regulación en Aragón está ocasionando importantes problemas relacionados con el acceso a la misma, de falsificación de tarjetas o de confusión en los distintos trámites para su concesión".

La única normativa autonómica vigente al respecto en la actualidad, que se considera "claramente insuficiente", es la ley de 1997 sobre promoción de la accesibilidad y supresión de barreras para minusválidos y su reglamento de desarrollo, aprobado en 1999 y que recoge algunas previsiones específicas respecto a dicha tarjeta.

Ahora, se pretende incorporar las disposiciones establecidas en el Real Decreto estatal de 2014 --con el marco básico aplicable a todo el territorio nacional- y fijar otras, como la ampliación de este derecho a menores de 3 años. Tras la regulación aprobada por el Estado, ya han aprobado su propia normativa numerosas comunidades, a las que en breve se sumará Aragón.

Para empezar, se establecerán dos tipos de tarjetas: una para vehículos de transporte individual de personas con movilidad reducida y otra para los dedicados al transporte colectivo de este sector de la población. Además, la primera la podrán obtener excepcionalmente y con carácter temporal, por "razones humanitarias", personas con movilidad reducida que no haya sido reconocida oficialmente a causa de una enfermedad o patología "de extrema gravedad" que reduzca su esperanza de vida y no permita tramitar la solicitud ordinaria. Esta tendrá una duración máxima de un año prorrogable por otro más.

Ni copia ni plastificada

En cuanto a las condiciones de uso de todas las tarjetas, se especifica la prohibición de hacer cualquier tipo de copia, de forma que solo se podrá usar "la original expedida por el ayuntamiento" correspondiente o la comarca en la que delegue esta competencia, y tampoco estará permitido plastificarla. Asimismo, se deja claro que el documento individual es "personal e intransferible", por lo que solo será válido cuando su titular conduzca el vehículo o sea transportado en él.

Y será obligatorio devolver las tarjetas caducadas en el momento de renovarlas, al término de su vigencia, cuando desaparezcan las causas por las que se concedieron o cuando los vehículos autorizados cesen en su actividad. También deberán retornarse al órgano que las concede aquellas cuyo titular haya fallecido.

Si no se respetan las obligaciones recogidas en el futuro decreto, la tarjeta será retirada temporalmente "por un periodo de tiempo de hasta 6 meses" y si el incumplimiento es reiterado, se cancelará, al igual que ante cualquier uso fraudulento tanto de personas físicas como jurídicas.

Estas medidas se adoptarán "sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico". Pero ya hay precedentes de ilegalidades de este tipo que han llegado a los tribunales aragoneses. En mayo de 2017, la Policía Local de Huesca denunció en el juzgado a cuatro personas por presuntos delitos de falsedad en documento público, después de que el Ayuntamiento reforzara la vigilancia sobre el uso inadecuado de estos permisos. Se habían detectado incluso casos de conductores que se valían de fotocopias de estas tarjetas para aparcar con mayor facilidad.

Los afectados llevan años denunciando fraudes y abusos

En 2014, la Asociación Altoaragonesa de Disminuidos Físicos llegó a salir a la calle para denunciar los "abusos" de ciudadanos que se aprovechaban de los estacionamientos especiales para este colectivo, un problema del que también alertó Disminuidos Físicos de Aragón (DFA). Aseguraban que, además de fotocopias de tarjetas, había casos flagrantes de personas que siguen tirando de la autorización después de que el titular de la misma hubiera fallecido, sin olvidar a aquellos que no tienen reparo en dejar su coche en una de las plazas reservadas sin disponer de permiso para ello.

Las multas por esta última infracción pueden rondar los 200 eurosy en Zaragoza ha habido años en los que la Policía Local ha denunciado a más de 1.000 personas por aparcar en lugares reservados para discapacitados. En 2014, 38 de ellos fueron acusados de falsedad documental.

Durante el proceso de elaboración del decreto, que previsiblemente se aprobará en breve en Consejo de Gobierno, se sometió a información pública y se dio audiencia, entre otros, a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) como a Cermi, como representante de las personas con discapacidad y, por tanto, directamente afectadas por la nueva norma, y también se contó con los profesionales relacionados de una u otra forma con los servicios sociales, a través de los colegios profesionales de trabajadores sociales, educadores, fisioterapeutas, arquitectos y aparejadores.

Otra norma para garantizar sus derechos

Por otra parte, el proyecto de Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad de Aragón, que esta misma semana ha sido remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria, prevé multas de entre 301 y 30.000 euros por usar de forma indebida las tarjetas de aparcamiento, además de su retirada si se usa por personas distintas a las titulares o en vehículos no autorizados, si se manipulan los datos o la acreditación está caducada.

Precisamente este jueves, Cermi-Aragón ha aplaudido la aprobación en el Consejo de Gobierno, el pasado martes, del borrador de la ley, que según destaca el colectivo, "garantizará los derechos, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal a todas las personas con discapacidad de la Comunidad". Ahora, confían en que la tramitación en el Parlamento aragonés "sea ágil para que se pueda aprobar" antes de que concluya la legislatura la próxima primavera.

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