El Justicia urge a la DGA a elevar las ratios de personal en las residencias de mayores

El Justicia de Aragón ha urgido al Gobierno de Aragón a agilizar "todo lo posible" una reforma de la normativa que actualice las ratios de personal en residencias de mayores y centros de día y optimizar las condiciones laborales "como garantía de la calidad del servicio". Además, Ángel Dolado pide intensificar mientras el control periódico en estos centros.

El Justicia se ha pronunciado a este respecto a raíz de una queja de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT sobre las condiciones laborales de las plantillas. Denunciaba que la normativa sobre ratios de personal no ha sido modificada desde hace 26 años, por lo que está "obsoleta" y permite que cada empresa "tenga un criterio, en general, inferior al necesario". Según exponía UGT, en algunos centros el número de empleados de atención directa está "muy por debajo de lo que debería", una situación, añadía, que "se mantiene ante la pasividad de la Administración, que concierta camas sin exigir un número de trabajadores suficiente para una atención de calidad".

En el caso de los centros de día, la normativa no especifica las necesidades de personal respecto a la cifra de usuarios, dejándolas "a la libre decisión empresarial", dice el sindicato, mientras que en las residencias no hay una exigencia mínima por categorías profesionales.

Como también ha denunciado CC. OO. en otras ocasiones, solo hay una ratio global que puede generar "importantes carencias respecto a las necesidades reales y, sin embargo, cumplir la normativa", advierten, ya que en ese cómputo entrarían, por ejemplo, trabajadores de recepción, cocina o jardinería. Entre las consecuencias, UGT cita elevadas cargas de trabajo, presiones para cumplir los horarios, un alto índice de accidentes laborales y de bajas, y una pérdida de calidad en la atención.

Al trasladar el Justicia la queja al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, este argumentó que la comprobación del cumplimiento de las condiciones mínimas de personal fijadas en el decreto de 1992 se efectúa en diferentes momentos. Así, antes de disponer de la autorización provisional de apertura, el centro debe presentar el proyecto de plantilla con las categorías y el tipo de jornada, y también antes de disponer de la autorización definitiva de funcionamiento hay que aportar la lista de empleados con su cualificación, jornada y turno. Posteriormente, la inspección de la DGA se ocupa del control periódico de estos establecimientos.

Por ello, el Gobierno afirma que todos los centros públicos y privados cumplen la ratio general y matiza que en los privados no concertados "no se puede exigir una proporción superior". En los públicos y los que tienen plazas conveniadas, "se piden mayores requisitos de cualificación y ratios".

Además, la Consejería que dirige María Victoria Broto reconoce la necesidad "inaplazable" de "dar seguridad jurídica y una óptima solución a las carencias existentes", si bien admite que "no es una tarea fácil" por todos los intereses que hay en juego de usuarios, entidades y trabajadores. Recuerda que está elaborando una ley de derechos y atención a discapacitados y otra de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales, además de haber creado un grupo de trabajo para redactar el decreto que regule la autorización y registro de entidades, centros y servicios sociales.

A este respecto, el Justicia advierte de que dichas carencias "se han agravado por la falta de desarrollo normativo". Por ello, exige dar a esta cuestión "máxima prioridad". Además, pide a la DGA que inste a la patronal a desbloquear el convenio colectivo del sector, que finalizó en 2013 y afecta a 10.000 empleados en Aragón.

Pide agilizar las valoraciones de dependencia y revisar los criterios

En otra reciente resolución, el Justicia pide a la DGA que responda "lo antes posible" a las solicitudes de valoración de la dependencia. Lo hace ante una queja sobre el retraso en el caso de un matrimonio que vive solo y que, según un informe judicial, ha protagonizado "conflictos convivenciales".

Sus tres hijos consideran que, por su situación, la pareja –ella, de 84 años, con alzhéimer y en proceso judicial de incapacitación, y él, de 88, con demencia– debería tener preferencia para ingresar en una residencia. Pese al informe de la trabajadora social para tramitar la solicitud como preferente, el equipo de valoración de la dependencia la denegó y la DGA alegó que al tener hijos hay un entorno familiar y que el criterio de preferencia se aplica cuando la persona carece de recursos económicos.

Para el Justicia, hay otros criterios podrían justificar la preferencia, por lo que reclama revisarlos, y, en todo caso, censura que se superaran los 3 meses para resolver. "Los efectos de la inactividad de la Administración en materia de dependencia son especialmente nocivos", advierte Ángel Dolado, y afirma que hay más quejas por este motivo.