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Zaragoza

El Justicia denuncia ante la Fiscalía a unos sobrinos por ingresar en una residencia a su tía contra su voluntad

Considera que su actuación puede constituir un presunto delito de retención ilegal. Es la primera vez que Dolado judicializa una queja recibida en la institución.

C. Fontenla Actualizada 23/05/2018 a las 20:26
La Fiscalía investiga el ingreso involuntario de una mujer en una residencia.DGA

La Fiscalía de Zaragoza investiga por un presunto delito de retención ilegal a los familiares de una mujer que recientemente ha sido ingresada en una residencia de la tercera de la edad sin su consentimiento, según ha sabido Heraldo.es de fuentes judiciales.

Así consta en la denuncia que el Justicia de Aragón ha remitido al Ministerio Público tras recibir la queja de una persona conocida de la afectada, que asegura que el internamiento en dicho centro ha sido impuesto por sus sobrinos y en contra de su voluntad pese a que la mujer se encuentra bien físicamente y en plenas facultades mentales.

Es el primer expediente que el nuevo Justicia de Aragón, Ángel Dolado, judicializa por elevación de la causa, como ya anunció que haría días antes de tomar posesión de su cargo, siempre que hubiera indicios delictivos.

Fue una conocida de la mujer ingresada en la residencia de ancianos, ubicada en Zaragoza, la que acudió al Justicia de Aragón para denunciar el caso. Esta mantenía contacto habitual y frecuente con la afectada y al acudir en varias ocasiones a su domicilio y no encontrarla, se enteró de que los sobrinos la habían llevado a un centro de mayores sin su consentimiento y en pleno uso de sus facultades mentales.

Aunque este es el primer expediente que Dolado remite a la Fiscalía, el anterior Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ya criticó en 2013 el ingreso “irregular” de mayores en residencias aragonesas. Entonces y tras inspeccionar centros y establecimientos geriátricos, detectó que se estaba internando a personas sin capacidad de decisión pero sin auto judicial que lo avale en muchos de los casos, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 763.

García Vicente ya recordó que había un pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado en el que se asegura que "viene siendo usual que los ingresos sean convenidos entre familiares del interno y el centro, llegando incluso a pactarse el régimen del internamiento, restringiendo o excluyendo la libertad personal...".

 





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