No hay dos sin tres. Solo un día después de que trascendiera que el nuevo Justicia, Ángel Dolado, había denunciado ante la Fiscalía de Zaragoza el primer expediente motivado por una queja ante el ‘defensor del pueblo’ aragonés (el ingreso de una mujer en una residencia sin su consentimiento, hecho por el que sus sobrinos se enfrentan a un posible delito de retención ilegal), Heraldo.es ha podido saber que el Ministerio Público ya ha recibido otra denuncia con el mismo cuño.

La Fiscalía investiga ahora el caso de un  policía local de Zaragoza que había negociado con otro de una localidad aragonesa más pequeña un intercambio de sus respectivas plazas y destinos. Pese a que la figura de la permuta administrativa está regulada en la legislación estatal relativa a los funcionarios públicos y también la Ley de Policía Local de Aragón la contempla de forma específica, el problema en este caso surgió con la contraprestación adicional que, al parecer, pretendía el primero.

Según las fuentes consultadas por este periódico, este habría pedido a su compañero un pago adicional e irregular de 6.000 euros, por considerar que el puesto que dejaba en Zaragoza le reportaba mejores condiciones y satisfacía sus aspiraciones personales y profesionales. La propuesta no solo no convenció a su interlocutor, sino que este –no hay constancia de si directa o indirectamente- la puso en conocimiento del Justicia que, una vez evaluado el caso, considera que  esta práctica puede ser constitutiva de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

El caso no ha hecho más que empezar. Fuentes oficiales de la Policía Local de Zaragoza aseguran que no tienen constancia de ninguna diligencia judicial al respecto, pero aseguraron que si la denuncia o la queja del Justicia se trasladan oficialmente al Cuerpo, con toda seguridad habrá también una investigación administrativa que podría acabar en sanción.

En Zaragoza se descarta, en cualquier caso, que esta práctica irregular pueda ser frecuente. “En quince años no ha habido más de dos o tres permutas administrativas”, aseguran fuentes municipales. Al margen de que estas deben ser expresamente autorizadas por los respectivos ayuntamientos de procedencia y destino, también hay unos filtros previos que se traducen en informes favorables o desestimatorios de la petición.

“Si llega una petición de permuta de un policía de 54 años por otro con mayor vida laboral por delante, se informa negativamente  porque se estaría incorporando a un funcionario que al año siguiente va a pasar a la segunda actividad y puede causar baja en la plantilla. Es solo un ejemplo, la casuística es mucho más amplia, pero siempre se valoran todas las circunstancias para que el resultado de la permuta sea equilibrado”, concluyen las mismas fuentes, que insisten en que aparte de que está controlada, la permuta se consigue en contados casos.

Otras fuentes ajenas a la Policía Local de Zaragoza, sin embargo, sospechan que casos como el del agente investigado son más frecuentes y se puedan dar con más facilidad  con intercambios de plazas y destinos en municipios más pequeños.