El Ayuntamiento de Zaragoza tiene hasta el 24 de marzo para enviar al Gobierno de Aragón los consumos de todos sus edificios y equipamientos, datos que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) necesita para cobrarle el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Si no cumple, el Ejecutivo iniciará un procedimiento sancionador.

Esta es la respuesta que el IAA hará llegar a la plaza del Pilar después de que el concejal de Economía, Fernando Rivarés, solicitara una prórroga de un mes para entregar toda la información requerida, que tendría que haber sido remitida en mayo de 2017 junto al resto del padrón municipal.

El Gobierno de Aragón dio en enero un mes al Consistorio para subsanar el ‘error’. No obstante, a dos días de vencer el plazo, Zaragoza en Común (ZEC) solo se plantea enviar los consumos que atañan exclusivamente al Ayuntamiento.

El resto (todos los espacios en los que existe un uso externalizado) seguirán sin enviarse, ya que el equipo de gobierno cree necesario que el Instituto Aragonés del Agua aclare quién debe pagar estos recibos: si el Ayuntamiento o el adjudicatario. Se trata de una decisión que afecta a colegios, piscinas o a espacios como el Centro de Historias o el Teatro Principal de Zaragoza.

En el escrito enviado al Gobierno de Aragón, el concejal de Economía achaca este nuevo retraso a que la gestión de estos espacios es mucho más compleja. El IAA, no obstante, asegura que la normativa vigente no deja lugar a dudas, ya que "el sujeto pasivo es siempre el abonado", aspecto que hará saber a los comunes en su inminente respuesta. Esto quiere decir que, en la mayor parte de los casos, sería el Consistorio quien tendría que asumir esos recibos, que podrían suponerle un coste de en torno a 85.000 euros, según explicó en enero el propio equipo de gobierno. La responsabilidad, no obstante, varía en función del título de ocupación de cada instalación.

"Llama la atención"

A la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, le llama la atención que ZEC no incluyera este listado en la relación que envió en 2017 y que ahora diga no poder acceder de inmediato a esa información.

Torralba mantuvo ayer una reunión con el responsable del área a este respecto y confirmó que, en caso de que el Ayuntamiento no cumpla, habrá repercusiones. También reconoció que el equipo de gobierno tendría que haber enviado ya al menos parte de los datos de 2017, algo que no ha hecho "pese a ser su obligación". El recibo del ICA de ese año, no obstante, no se girará de inmediato, por lo que los comunes tienen aún unos meses de plazo.

El Instituto, que ayer redactó un primer borrador del escrito que enviará al Ayuntamiento, accederá a ampliar el plazo hasta el 24 de marzo, aunque avisa de que no habrá más concesiones. Las declaraciones llegan horas antes de que se convoque la tercera reunión de la mesa técnica del ICA, prevista para hoy.