La DGA da un mes de plazo al Ayuntamiento de Zaragozapara que envíe sus datos del ICA

El Gobierno de Aragón ha dado un mes al Ayuntamiento de Zaragoza para que envíe las lecturas necesarias para cobrarle el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).

El Consistorio, que se ha opuesto abiertamente al cobro de este tributo, remitió en mayo los datos del padrón a la DGA. Lo hizo el mismo día que expiraba el plazo "y por obligación legal". No incluyó, sin embargo, las lecturas referidas a los edificios y equipamientos municipales, motivo por el que el Ejecutivo PSOE-CHA le da ahora 30 días para hacerlo.

El requerimiento, enviado ayer, llega 24 horas después de que el Ayuntamiento plantase a la DGA y no acudiese a la reunión técnica sobre la reforma del ICA a la que sí asistieron empresarios, consumidores y representantes de municipios, provincias y comarcas.

El escrito recuerda al Ayuntamiento que sus derechos y obligaciones vienen recogidos en la Ley General Tributaria. También que el incumplimiento del requerimiento aparece tipificado como infracción tributaria en dicha ley.

Estas palabras van en la línea de lo expresado en las últimas semanas por el Ejecutivo PSOE-CHA, que acusó a Zaragoza en Común de "incumplir o cumplir con deficiencias" sus obligaciones con el Instituto Aragonés del Agua.

Por el momento, el Consistorio dice no tener constancia de que la DGA haya solicitado el consumo de agua de los edificios municipales. Se espera, no obstante, que el escrito llegue al Ayuntamiento esta próxima semana.

En él, la DGA aprovecha para requerir a ZEC "una adecuación de la estructura de los ficheros a los campos establecidos", así como "una mayor puntualidad". Esto se debe a que los datos enviados inicialmente provocaron "incidencias y molestias innecesarias" a los contribuyentes de Zaragoza, ya que a algunos vecinos se les llegó a cobrar de más.

Este es ya el segundo requerimiento que la DGA manda al Consistorio zaragozano (el primero fue fechado el 10 de abril de 2017). A falta de una respuesta oficial, la concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas, ya adelantó que el Ayuntamiento "se da servicio a sí mismo en cuanto a abastecimiento y a depuración de las aguas". La intención inicial es "pagar y recurrir", aunque ZEC no ha dicho abiertamente si enviará o no sus datos al Pignatelli.

Pese a los últimos encontronazos entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza –el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, rompió su recibo y el alcalde, Pedro Santisteve, llegó a decir que una mesa técnica no era el foro adecuado para tratar este problema–, fuentes de la DGA confirman que el Ejecutivo sí contempla una negociación política para abordar la reforma de este impuesto, contra el que ya se han recogido más de 15.000 recursos.

ZEC se abre ahora a negociar

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, se abrió ayer a negociar cambios en el ICA. Después de que el alcalde, Pedro Santisteve, dijera que hay que derogarlo, y de que su compañero Pablo Híjar incluso rompiera su recibo en un vídeo como símbolo de rebelión, Rivarés apostó por reformar el impuesto como solución alternativa: "Espero que se consiga la derogación o, al menos, la modificación para que incluya progresividad fiscal, el control y gestión pública del agua y un convenio anual de cuatro millones para obras en infraestructuras de saneamiento para la ciudad".

Rivarés contó que hace casi un año envió una carta al Gobierno de Aragón detallando estas peticiones, pero que el Ejecutivo aragonés "no ha respondido". "Seguimos pensando que es un impuesto injusto porque supone una doble tributación. Debería ser derogado y negociarse de otra manera", dijo el edil de ZEC ayer en la comisión de Economía, donde compareció por este asunto a petición del PP.

Los representantes de PSOE y CHA, partidos que conforman el Ejecutivo aragonés, acusaron a ZEC de tener posturas diferentes con respecto al ICA. "Tienen una división interna que es para hacérselo mirar, son el gobierno de las contradicciones", apuntó el portavoz adjunto del PSOE, Javier Trívez, quien opinó que los miembros de ZEC "han actuado como auténticos ‘hooligans’ desde el minuto uno".

Por su parte, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, dijo que "Rivarés quiere negociar porque tiene una opinión diferente a la del alcalde o el ‘romperrecibos’". Además, recordó la presencia del jefe de gabinete del alcalde, Iván Andrés, en la negociación de los presupuestos de la DGA.

Hay que tener en cuenta que Andrés fue quien firmó en nombre de Podemos el acuerdo político entre la formación morada y el PSOE para iniciar la tramitación parlamentaria de las cuentas. En ese documento no se habla de derogar el ICA, sino de modificarlo creando una mesa en la que participen los agentes implicados. A la primera reunión, celebrada el jueves, no acudió el Ayuntamiento, algo que ayer reprocharon todos los grupos al gobierno de ZEC. Rivarés se defendió diciendo que se enteró "por la radio" de la cita, que se les avisó un día antes y que ya tenían comprometida su presencia en Fitur.

María Navarro, del PP, criticó "la demagogia" del gobierno al "dar batalla al ICA en la calle" cuando Podemos "acordó que se cobrara al aprobar los presupuestos de 2017 del Gobierno de Aragón". Criticó que los zaragozanos pagan el impuesto "sin saber a dónde va a ir ese dinero", auguró que "no se va a derogar" y que Podemos "aprobará las cuentas de la DGA". Por su parte, Sara Fernández, de Ciudadanos, también reflejó las discrepancias de ZEC y se mostró a favor de que haya un impuesto medioambiental, pero en contra "de cómo está planteado" el ICA.