Unicef Aragón apuesta por una prestación universal por hijo a cargo para luchar contra la pobreza infantil y el riesgo de exclusión social de los niños, que iría desde los 10 euros hasta los 150 en función de las rentas anuales que ingresen los hogares. Así lo comunicó hace unos meses tras publicar su informe sobre infancia y así lo trasladó este lunes a los grupos políticos del Parlamento en la segunda reunión de la Comisión de seguimiento del Pacto de la Infancia en Aragón.

El acto estuvo presidido por la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, quien abogó por "trazar medidas concretas" para paliar las situaciones que ha sacado a la luz el documento de Unicef, donde también se tratan aspectos como la educación, la sanidad y la protección al menor. "Uno de cada cuatro niños se encuentra en situación de vulnerabilidad económica en Aragón. A pesar de disponer de una de las rentas medias por hogar más altas de España, es la segunda más desigual para las familias con hijos", señaló. En este sentido, Pilar de la Vega, presidenta de la oenegé en la Comunidad, afirmó que se debe "a los bajos ingresos de las familias", como explicaron ayer a los grupos políticos del Parlamento. No obstante, subrayó que "Unicef propone, no decide" pero destacó que puede ser "una prestación autonómica" que costaría 68,7 millones y que en los países que se ha desarrollado "las familias han tenido más hijos".

Durante las dos horas que duró la reunión, los partidos expresaron su opinión sobre esta propuesta. Desde el Partido Popular, Ana Marín declaró que no están de acuerdo en implantar una renta universal porque "no sería justo". No obstante, sí que apoyan que haya diferentes prestaciones, dependiendo de los ingresos de la familia, aunque "habría que estudiar las cantidades". En cuanto a las competencias, creen que "es una cuestión más de responsabilidad", apuntó Marín. El grupo socialista apuesta por "un marco de prestaciones que dé respuesta a las necesidades de las familias y sea acorde con la distribución competencial". Amparo Bella, de Podemos, señaló que es una "propuesta interesante" que se ha de acometer "desde las competencias municipales". Mientras que Elena Allúe, por el PAR, destacó que es "una estrategia eficaz para combatir la pobreza infantil" y que "está implantada en 23 de los 29 países de la UE".

Por otro lado, Desirée Pescador, de Ciudadanos, resaltó que "la propuesta es puntual y de carácter económico" y que todavía hay que escuchar el resto, pero que trabajar en esos aspectos hará una Comunidad "más moderna e inclusiva". La diputada Carmen Martínez, de CHA, explicó que hay que tener en cuenta "el techo de competencias", pero que sí que piensan desde su partido que este complemento es "una opción a valorar". Por último, la diputada de Izquierda Unida, Patricia Luquin, centró su defensa en "el concepto de progresividad".