Multas por las depuradoras
La CHE dejará de multar a los pueblos que no tengan depuradora pero prevean construirlas en un futuro próximo. Este cambio de criterio abre la puerta a la sensatez en este capítulo de la gestión pública marcado por el fracaso del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.
La política de depuración de aguas en Aragón se caracterizada por la polémica. A la controversia por el cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) se unen las multas a los municipios que vierten sus aguas sin tratar y también se suma el extraño caso de las localidades que han sido sancionadas a pesar de que llevan años pagando el ICA y siguen sin depuradora. Ahora parece que se están articulando algunas medidas para poner un poco de orden y cordura. Para empezar, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) dejará de sancionar a los ayuntamientos que demuestren que están trabajando en la construcción de instalaciones para reciclar el agua después de su uso.
El problema de la depuración, sin embargo, parece lejos de resolverse. Al margen de qué pase por fin con el pago del ICA, aún quedan 300 estaciones por construir en la Comunidad y 146.000 habitantes siguen viviendo en municipios sin depuradora. El Ejecutivo PSOE-CHA abrirá este año una nueva convocatoria de cinco millones de euros destinada a la creación de más plantas, pero los municipios necesitan más recursos para atajar la situación cuanto antes. Sobre todo teniendo en cuenta que la DGA aún no ha aclarado cuál va a ser el ritmo de ejecución. Todas las administraciones deben tomar cartas en ese asunto que pone en apuros a decenas de pequeños pueblos con muy pocos medios.