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IU y CHA ganarían varios escaños con la reforma electoral propuesta por Podemos y Ciudadanos

Las formaciones de Pablo Iglesias y Albert Rivera están negociando un proyecto para reformar el sistema electoral y esperan que el PSOE se una.

De izquierda a derecha, Lambán (PSOE) con Luquin (IU), Briz y Soro (CHA), ayer, en las Cortes.
De izquierda a derecha, Lambán (PSOE) con Luquin (IU), Briz y Soro (CHA) en las Cortes.
josé miguel marco

Todos los partidos han hablado en algún momento sobre la posibilidad de reformar la ley electoral. Sin embargo, no ha sido hasta este jueves cuando dos formaciones con bastante representatividad se han reunido para alcanzar un acuerdo, al que esperan que posteriormente se sumen otros partidos. Irene Montero (Unidos Podemos) y Juan Carlos Girauta (Ciudadanos) han dado los primeros pasos para intentar cambiar la ley D'Hondt por la Sainte-Laguë. El objetivo es conseguir un sistema más proporcional que se acerque a la máxima de un ciudadano, un voto. Con esta modificación, según el resultado de las últimas elecciones generales (2016), el PP perdería 15 escaños, mientras que el PSOE, PdeCAT y PNV dejarían uno por el camino. Por el contrario, Unidos Podemos tendría 6 más y Ciudadanos, 12.

Pero, ¿cómo quedaría la situación en Aragón? Hay que tener en cuenta que la propuesta realizada por Ciudadanos y Podemos no entre en detalles sobre un posible cambio en el porcentaje mínimo de votos para conseguir un escaño (un 3% en las nacionales y autonómicas y un 5% en las municipales) ni sobre el actual modelo de circunscripciones. De este modo, en la provincia de Huesca, PP y PSOE lograrían 5 escaños respectivamente. Podemos tendría 3 y el resto se repartirían entre el PAR (2), Ciudadanos (1), IU (1) y CHA (1). Por el contrario, en las elecciones celebradas en 2015, los resultados de los partidos fueron: PSOE (6), PP (5), Podemos (4), PAR (2) y Ciudadanos (1). De este modo, IU y CHA serían los grandes beneficiarios, mientras que PSOE y Podemos perderían fuerza en las Cortes de Aragón.

En la provincia de Teruel también se registrarían cambios importantes. Con la nueva propuesta anunciada por Unidos Podemos y Ciudadanos, el reparto de los 14 escaños quedaría de la siguiente manera: PP (4), PSOE (3), Podemos (2), PAR (2), Ciudadanos (1), IU (1) y CHA (1). Esta situación poco o nada tiene que ver con la que realmente se vivió en 2015 durante las últimas elecciones autonómicas: PP (5), PSOE (4), Podemos (2), PAR (2) y Ciudadanos (1). Una vez más, los grandes partidos (PP y PSOE) perderían un escaño cada uno, que ganarían IU y CHA.

El nuevo cálculo electoral propuesto también supondría un descenso de diputados para PP y PSOE en la provincia de Zaragoza. Ambos partidos perderían uno, que lo ganarían Ciudadanos e IU respectivamente. De este modo el reparto de los 35 escaños correspondientes esta circunscripción quedarían: PP (10), Podemos (8), PSOE (7), Ciudadanos (4), PAR (2), CHA (2) e IU (2).

Con estos resultados provinciales, las Cortes de Aragón hubieran sufrido algún que otro cambio, aunque no hubiera afectado a la formación de Gobierno. PSOE (15), Podemos (13), CHA (4) e IU (4) seguirían sumando mayoría en comparación con el bloque constituido por PP (19), PAR (6) y Ciudadanos (6). A pesar de que la formación de un Gobierno de izquierdas no hubiera corrido peligro, quizás sí que se hubieran organizado de otra forma o las negociaciones actuales se llevarían a cabo en otro tono. No hay que olvidar que PSOE y Podemos perderían fuerza en favor de CHA e IU.

Santisteve seguiría como alcalde

Si se produce un cambio en la legislación electoral y se apuesta por implantar la ley Sainte-Laguë, los dirigentes de los principales municipios aragoneses seguramente no cambiarían. Pedro Santisteve, actual regidor de Zaragoza, hubiera conseguido el mismo resultado en las elecciones de 2015. Además, el PSOE (su socio de Gobierno) lograría uno más hasta alcanzar los 6 escaños. Por el contrario, el PP (líder de la oposición) habría pasado de 10 a 9 concejales. En el caso del Ayuntamiento de Huesca, la situación sería similar: aunque Luis Felipe (PSOE) hubiera obtenido un concejal menos, sus socios de Gobierno (Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede) seguirían manteniendo sus 4 y 2 escaños respectivamente. Ciudadanos con un total de tres (uno más que los que le proporciona la Ley D'Hondt) se volvería a votar a sí mismo y el PP, con los 9 que ya tenía, haría lo propio.

La única alcaldía que hubiera podido tener cambios si este sistema hubiera funcionado en 2015 sería la de Teruel. El PP perdería un concejal, que lo ganaría CHA; por lo que la balanza se podría inclinar a favor de PSOE (4), Ganar Teruel (3) y CHA (2). Todo estaría en manos de Ciudadanos (2) que debería decidir si abstenerse (a favor de un candidato u otro) o votar a Emma Buj, lo que haría que el PP revalidara su posición.

Otros cambios

Además de buscar un sistema electoral “más justo”, tanto Unidos Podemos como Ciudadanos han coincidido en la necesidad de acabar con el voto rogado, imponer por ley la obligatoriedad de los debates electorales y regular un 'mailing' conjunto para que todas las papeletas lleguen en un único sobre a los ciudadanos. No hay que olvidar que desde que cambió el voto rogado en 2011 ha descendido de manera considerable el número de residentes en el extranjero que lo solicitan. Ejemplo de ello es que, a nivel municipal, en Aragón se pasó de más de 4.600 votos de personas que vivían en el extranjero en 2007 a los 1.578 de las últimas municipales, celebradas en 2015.

Unidos Podemos también quiere proponer la implantación de "listas cremallera" para garantizar la paridad y adelantar a los 16 años la edad para poder votar. Por su parte, la formación que dirige Albert Rivera apuesta por listas abiertas y que los huidos no puedan ser candidatos.

No obstante, ni el grupo de Pablo Iglesias ni el de Albert Rivera bloquearán el acuerdo por ninguna de esas medidas, y se han comprometido a estudiar todas las propuestas e incluso a renunciar a algunas con el fin de lograr los apoyos necesarios para que pueda salir adelante. Su principal objetivo es que el PSOE se sume a esta iniciativa y poder aprobar el cambio antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Por su parte, el PP ya se ha mostrado contrario a que se lleve a cabo este proceso sin el acuerdo de todos los partidos mayoritarios.

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