Los drones de Montoro cazan en Aragón más de 500 piscinas por las que no se pagaba el IBI

El verano aragonés, con sus jornadas largas, secas y cálidas, invita a darse un chapuzón. En las piscinas municipales o en la poza de un río. Donde sea. Eso sí, la actividad gana enteros si puede realizarse a tiro de piedra del sofá. Por eso mismo, para lograr que el estío sea más llevadero, no pocas familias de la Comunidad con terreno disponible deciden darse un capricho y construir una piscina como complemento a su casa.

Pero no siempre cumplen con todos los requisitos legales, como lo es declarar ante el Catastro la nueva piscina, que hace que el inmueble se revalorice. Más de medio millar de propietarios aragoneses, al menos 507, han sido cazados desde 2014 por Hacienda sin tributar por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que les correspondía, según se desprende de los datos facilitados por el organismo público.

Las inspecciones acometidas por las direcciones provinciales, dependientes del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, se acometen desde hace unos años mediante un despliegue aéreo protagonizado por un potente satélite y una flota de drones con la que se puede acceder a información hasta ahora casi inalcanzable para los técnicos. Algunas de las localidades con mayor porcentaje de albercas ‘fuera de la ley’ respecto a su censo son Chimillas (doce piscinas), Quicena (19), Torrevelilla (4), Botorrita (14), María de Huerva (37) o Muel (26).

Desde que echaron a volar, los aparatos han escudriñado un total de 365 municipios aragoneses que agrupan más de un millón y medio de inmuebles a examen. En estos se han localizado hasta 54.622 irregularidades, de los que un 42% corresponde a nuevas construcciones, como una casa de campo o una caseta. El 27% de las actuaciones está relacionada con ampliaciones y rehabilitaciones de edificios ya existentes. Casi una de cada tres intervenciones están motivadas por reformas y cambios de uso, como una caseta de herramientas convertida en casa habitable.

“Hemos pagado tres años de IBI de golpe”

Pilar, vecina de Muel, explica a HERALDO la regularización catastral a la que su familia ha tenido que hacer frente: “Cuando construimos la piscina, hace cuatro años, no éramos conscientes de que teníamos que avisar del cambio, por lo que sin saberlo omitimos cualquier pago. Nos llegó una notificación en la que se nos avisaba de un desembolso inicial de 60 euros y de una actualización del IBI. La piscina es grande, de más de 80 metros, y resulta que ahora pagamos el doble por ese impuesto, del cual hemos tenido que pagar de forma retroactiva tres años de golpe, casi 800 euros”.

Regularización de oficio

Según explican fuentes de Hacienda, “una vez detectada la irregularidad, se pone en marcha, de oficio, el procedimiento de regularización catastral por parte de la Administración. Este inicio debe ser comunicado a los interesados, que disponen de un plazo de quince días para formular las alegaciones que estimen convenientes. En aquellos supuestos en que no existan terceros afectados, éste podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de regularización, junto con la liquidación de la tasa de regularización catastral”.

“Ésta tasa es un tributo de carácter estatal cuyo hecho imponible lo constituye la regularización de la descripción de los bienes inmuebles. La cuantía de la tasa es de 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regularización. El pago debe ser afrontado por quien tenga la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el propietario, en el ejercicio en el que se haya iniciado el procedimiento de regularización catastral”, concluyen estas mismas fuentes.