¿Cómo recibe el testigo de Antonio Laguarta para sustituirlo y presidir la Cámara de Cuentas?

Se recibe un testigo que ha estado muy bien. La puesta en marcha de la Cámara en 2010, con un equipo capacitado de 30 auditores y el hecho de haber realizado más de cien informes, nos ha ayudado a saber de manera precisa dónde están los problemas en el sector público, tanto a nivel autonómico como local. La Cámara es una institución ya lanzada que cuenta con cierta reputación en el control del sector público. Lo que ocurre es que hay que consolidarla.

Para esta nueva etapa, ¿se plantea aumentar su personal?

Este es un asunto con el que hemos dado mucha batalla este año. Todo depende de las expectativas que se creen en torno a la Cámara de Cuentas. La gente espera bastante porque hay muchas entidades públicas sometidas a control y fiscalización. Solo la Comunidad autónoma representa más de 6.000 millones de euros y 63 entidades bastante complejas. Algunas son pequeñas y otras, más grandes o tremendas como el Servicio Aragonés de Salud, que mueve más de 2.000 millones. El propio departamento de Educación supone 1.000 millones, y luego está toda la problemática del sector público local en Aragón. Hay más de mil entidades con un volumen económico que supera los 2.000 millones. O la Universidad de Zaragoza, con sus centros de investigación, que alcanza los 300 millones. El sector es grande y complejo. Tenemos 30 auditores a día de hoy, pero si la sociedad y las Cortes nos piden una fiscalización más exhaustiva y que toque más puntos que hasta ahora necesariamente habrá que buscar más medios. Si no, es imposible.

¿Con qué criterio eligen las cuentas que se fiscalizan?

Hasta ahora, para planificar nuestros trabajos estábamos pendientes de la ley, que obliga a fiscalizar la cuenta general de la Comunidad autónoma. También teníamos que estar bastante atentos a las prioridades que nos marcaban los distintos partidos políticos. Eso ha estado bien para esta primera etapa, pero debe organizarse de otra manera en este mandato de seis años que empezamos ahora. Está, por ejemplo, el modelo del Tribunal de Cuentas Europeo, que está en Luxemburgo. Queremos definir un plan estratégico para concretar qué prioridades hay cada año en la fiscalización en el ámbito autonómico, local, universitario y de las entidades. Las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza tienen una importancia presupuestaria y deberían auditarse todos los años, como las del Gobierno de Aragón. Y no como hasta ahora, que las auditamos en 2011 y no volvimos a hacerlo hasta 2016. Estamos centrados en qué vamos a hacer este ejercicio y en saber cómo revisaremos el sector público con garantías de que no hay zonas de riesgo pendientes de control. A los 700 ayuntamientos no llegaremos. Tampoco a las 63 entidades de la DGA. Queremos que nuestra labor tenga impacto y sea eficaz.

En la primera etapa recibieron críticas. Les decían que el Tribunal de Cuentas podía hacer su labor...

La Cámara de Cuentas de Aragón es joven y todavía frágil, mientras que otras como la de Comptos de Navarra llevan en funcionamiento desde 1981, desde que se restableció el sistema democrático. Luego están la de Valencia o Cataluña, que vienen de los años 80. Nosotros llegamos muy tarde y en pleno arranque coincidimos con una crisis durísima y con el famoso informe CORA (Comisión para la Reforma de Administraciones), que decía que las cámaras regionales eran organismos ociosos porque su función estaba cubierta por el Tribunal de Cuentas. Efectivamente, el Tribunal de Cuentas tiene esa capacidad de fiscalizar los organismos autonómicos y locales, pero la realidad es que no llega porque no tiene medios. Los plazos de sus informes llegaban mucho más tarde respecto a la gestión a la que se referían. El control era ineficaz e incluso hasta los responsables de esa gestión estaban ya fuera. El área de las entidades locales quedaba fuera de control. A finales de los años 80, el Tribunal de Cuentas fiscalizó los modificados de las obras de la plaza de la Seo. Desde entonces no había vuelto a hacer un control de una entidad tan importante como el Ayuntamiento de Zaragoza.

Zaragoza duplicó ese coste, de 600 a 1.200 millones (de pesetas de entonces). ¿Cuál es la ventaja del sistema regional?

Los retrasos y las carencias del Tribunal de Cuentas se suplen con la inmediatez de la Cámara. Queremos que los informes sean oportunos, claros, útiles y tengan impacto porque se refieran a asuntos que importen a la sociedad. No pueden tener dilaciones respecto a los hechos a los que se refieren, ya que pierden sus efectos.

En septiembre de 2017 se referían a las cuentas de la DGA de 2015. ¿Cuáles son sus plazos?

Nuestra ley dice que las cuentas de la Comunidad autónoma deben estar fiscalizadas el 30 de diciembre del año siguiente al que se refieren. Ese plazo nos parece objetivo e irrenunciable porque es el doble del tiempo que necesita una entidad privada para aprobar las suyas (en seis meses están auditadas, aprobadas y depositadas). Eso nos parece muy importante porque le dará valor a la Cámara.

Además de la rapidez, usted defiende que los destinatarios de sus informes son la sociedad y los medios de comunicación...

Tenemos que hacer un esfuerzo para que los informes sean claros, ya que la materia es árida y a veces están llenos de tecnicismos contables o de lenguaje sofisticado. Deben ser más sencillos, porque pecan de ser excesivamente largos. En la sociedad de Twitter y las redes sociales no podemos pretender que los destinatarios de los informes, entre los que se incluyen los medios y los ciudadanos, tengan tiempo para leer 100 páginas. Tenemos que buscar una fórmula que, sin quitarle calidad técnica al trabajo de fiscalización, pueda transmitirse de manera asequible para el control parlamentario, de los medios y de cualquier ciudadano interesado.

En siete años, ¿qué trabajo fue más difícil de sacar adelante?

El primer año, 2010, fue muy difícil, ya que nos costó arrancar. No teníamos sede, ni funcionarios ni ordenadores y hubo que montar la institución, dotarla y formar a las personas sobre la marcha. Había que hacer que este proceso fuera compatible con la presión de la opinión pública, que quería ver resultados. Sacarlo adelante supuso un buen esfuerzo, aunque fue bien recibido por el Parlamento. Hubo, eso sí, mucha ilusión. Posteriormente, resultó muy difícil fiscalizar al Ayuntamiento de Zaragoza, porque es una entidad que no estaba acostumbrada a que le revisaran sus cuentas y levantaran sus papeles. Pero, por complejos, destacan los casos de Motorland o del Instituto Aragonés del Agua, que tiene un gran impacto social y va a hacer que se abra una comisión de investigación a raíz del informe. Todos son difíciles, ya que revisamos un sector heterogéneo.

¿El escándalo de Plaza se habría frenado con su auditoría?

La Cámara supervisa libros contables, pero no tiene facultades de investigación. De Plaza se han sabido cosas por la documentación aportada por los denunciantes. Sabemos que la corrupción anida en la gestión pública y debemos aprender a ver prácticas con apariencia de legalidad que pueden resultar irregulares.