Las más de 30.000 personas que salieron a la calle en defensa de la educación concertada y los revolcones judiciales impidiendo que se dejaran de financiar a los colegios han hecho mella en la izquierda. Hasta el punto de que Podemos ha cedido en lo que hasta ahora suponía uno de los pilares de su discurso político y ha aceptado que los presupuestos para 2018, por primera vez, recojan íntegramente la financiación de la escuela privada concertada. Es decir, los 156 millones de euros necesarios para sostener el sistema aparecen en el proyecto de ley y no habrá que hacer modificaciones como en los dos años anteriores ante la beligerancia de Podemos y su negativa a aceptar el coste real.

El borrador presupuestario de la coalición PSOE-CHA ya incluía la financiación íntegra de la concertada cuando se sentó a negociar con Podemos y su líder, Nacho Escartín, asumió públicamente la semana pasada que se debía acabar la práctica de tapar agujeros en las cuentas: "Lo que no queremos es infradotar la educación concertada y luego tener que hacer una modificación", como ha ocurrido en los dos años anteriores sin su respaldo.

Su cambio de postura es radical, ya que para pactar las cuentas de este año Podemos obligó a incluir en el acuerdo el cierre de aulas de la concertada de cara a la renovación de los conciertos. De hecho, este fue el verdadero obstáculo para cerrar un acuerdo, provocando los mayores momentos de tensión en la negociación. Sin embargo, en el pacto presupuestario para 2018 no se ha hecho ni mención a la concertada a la que tantas críticas ha lanzado Erika Sanz, la diputada que disputó la secretaría general a Nacho Escartín.

La Consejería de Educación tan solo incluyó en 2017 una partida de 125 millones para la concertada, a la que se sumaba otra adicional de 15,7 en el fondo de contingencia. Este dinero se traspasó al departamento, pero aún así hizo falta un suplemento de crédito de 15,3 millones, ya previsto por el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y que se cubrió con la financiación adicional del Estado para no tener que pasar por una votación.

Medio año después, el acuerdo firmado el miércoles por el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y el jefe de gabinete del alcalde de Zaragoza, Iván Andrés, en representación de Podemos, se limita a reivindicar "mejor y más educación pública". Pero la realidad es que se limita al "inicio de implantación" de un plan de cocinas propias en los colegios públicos, que se deberá implantar "a corto y medio plazo". Para ello, habrá un millón de euros.

El documento alude igualmente a la "dignificación de las condiciones del profesorado", que concreta en la contratación de los interinos desde el inicio del próximo curso. Pero esto no supone un avance, dado que se hizo en este año lectivo.

Lo mismo sucede con la retahíla de obras de construcción de colegios públicos, que estaban recogidas previamente en el plan de infraestructuras presentado por la consejera, Mayte Pérez, hace dos meses. La novedad se limita a un plan de mejora para los juegos en los recreos, dotado con medio millón de euros.