El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca, Antonio Martín González, ha reiterado que enviará a la fuerza pública a por los bienes de Sijena si el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, desoye su requerimiento para cumplir con la ejecución provisional de la sentencia, facilitando la entrega de las 44 obras retenidas en el Museo de Lérida.

Así lo señala el juez en la providencia en la que ayer daba respuesta al último escrito del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena instándole a ejecutar las acciones acordadas días atrás con "carácter de urgencia y sin dilación". En su respuesta, Antonio Martín González, que ocupa la plaza provisionalmente, dice que está a la espera de la contestación de Méndez de Vigo, que, tras la aplicación del artículo 155, es el nuevo responsable de la consejería de Cultura de la Generalitat, así como pendiente de recibir el plan de actuación encargado a la Policía Judicial.

Atendiendo al resultado de estas diligencias, el magistrado dice que "se acordará lo procedente, incluso el retorno de los bienes a cargo de los agentes de la autoridad y técnicos del Gobierno de Aragón, si lo que viene acordado en el presente procedimiento no se cumpliere", es decir, si Méndez de Vigo desatiende su mandato, algo que ya había previsto en su providencia inicial.

Ante su determinación, el presidente de Aragón, Javier Lambán, señaló ayer que "ojalá, por una vez, este tipo de requerimientos se conviertan en decisiones reales de los jueces", después de recordar las numerosas ocasiones en las que sin éxito la DGA y Sijena han solicitado recurrir a la fuerza pública para hacer cumplir las órdenes judiciales.

Ahora bien, la situación parece estar cambiando, saliéndose del guión habitual. De hecho, el ministro de Cultura, y portavoz del Gobierno de España, ha decidido no recurrir la providencia del magistrado en la que le insta a devolver las 44 obras de Sijena retenidas en el Museo de Lérida. El plazo, que era de cinco días, finalizó ayer sin que haya habido réplica alguna desde los servicios jurídicos del departamento de Cultura de la Generalitat, que dirige Méndez de Vigo, en sustitución del cesado Lluís Puig.

"Ánimo de colaborar"

Según explicaron fuentes del Ministerio de Cultura, la decisión de Méndez de Vigo demuestra "su ánimo de colaborar con la justicia" y cumple con uno de los "principios básicos" del Ejecutivo central, "el respeto absoluto a las decisiones judiciales". Desde el inicio del proceso, es la primera vez que la Generalitat deja de recurrir una resolución del Juzgado 1 de Huesca. "Hasta ahora, había apelado siempre, sin excepción, con más de una veintena de recursos, todos ellos desestimados", recordó ayer el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español.

Quien sí ha recurrido es el Museo de Lérida, aunque según Español, no puede hacerlo porque no es parte en este litigio.

Por otra parte, los servicios jurídicos de la Generalitat presentaron ayer un escrito ante la Audiencia Provincial de Huesca, a la que urgen a resolver el recurso interpuesto por el Gobierno de Cataluña contra la sentencia dictada por el juzgado que declaró nulas las operaciones de compraventa de las obras de Sijena y ordenó su restitución al monasterio.

A priori, otro cambio de estrategia, ya que la administración catalana ha recurrido a todas las fórmulas posibles para dilatar el proceso y además la falta de una sentencia firme ha sido uno de los argumentos utilizados para justificar la retención de las obras.

En su escrito, los servicios jurídicos de la Generalitat recuerdan que el recurso fue interpuesto en mayo de 2015, es decir, hace dos años y medio, y que la dilación acarrea complicaciones dada la forma en la que ha sido planteada la ejecución provisional de la sentencia, que, según indican, "genera problemas de prudencia y proporcionalidad". También insisten en que "la apelación de la resolución se hace más urgente que nunca para fortalecer la seguridad jurídica del conflicto planteado y evitar el trance que se derivaría de una eventual estimación de nuestra apelación". En su opinión, si la ejecución provisional se lleva a cabo y después se resuelve a favor de Cataluña, "el daño podría ser irreversible y la tensión social innecesaria".