La letrada mayor de las Cortes de Aragón, Carmen Agüeras, asegura en un informe que el edil de Urbanismo, Pablo Muñoz, incurrió en un "claro exceso competencial" al prohibir por decreto el aparcamiento junto a la Aljafería. En un contundente informe, advierte de que el Ayuntamiento, gobernado por Zaragoza en Común (ZEC), pretende actuar sobre una propiedad de otra institución, sin atenerse a las competencias municipales sobre patrimonio ni sobre las que sí ostenta, limitadas a la ordenación del tráfico, señalética, movilidad y seguridad, todas ellas ajenas al conjunto del palacio.

Por si fuera poco, el documento censura los múltiples "defectos formales" del decreto firmado la semana pasada por Muñoz, ya que no hace referencia al expediente de origen, "ni al carácter del acto trasladado, ni su motivación, ni los efectos de la atípica notificación efectuada".

Por todo ello, concluye que cabe presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes ante el consejero de Urbanismo o recurrir en los dos próximos meses a los tribunales por la vía de lo contencioso-administrativo. La Mesa de las Cortes tomará hoy una decisión al respecto.

El gobierno de ZEC decidió la semana pasada actuar de forma unilateral y, sin dar siquiera audiencia a las Cortes, le comunicó que los coches ya no podrían aparcar junto al palacio una vez entrara en funcionamiento las nuevas plazas en batería de la calle de los Diputados. Además, comunicó a los medios de comunicación, un día antes que a la institución, que las brigadas municipales cambiarán los badenes y las placas de acceso al palacio, una vez concluyan las obras de ensanchamiento de las aceras en la calle de los Diputados. De este modo, pretende que a partir de diciembre solo puedan acceder al recinto los coches oficiales acreditados y los vehículos que vayan a efectuar operaciones de carga y descarga: ambos por un periodo máximo de 30 minutos.

La letrada mayor señala que el decreto no incorpora "cita de norma jurídica alguna que sustente la competencia por la que se interviene" y, además, revela el desconocimiento de las competencias y facultades de las Cortes de Aragón, titular de pleno dominio del palacio y de los terrenos colindantes desde 1994. "Olvida incluso que la caracterización de la Aljafería como sede de una institución parlamentaria añade al abanico competencial existente los poderes administrativos y de policía que corresponden a la Presidencia de los parlamentos sobre las sedes", añade.

El informe hace mención a que los escritos de los distintos servicios municipales referidos a la cuestión planteaban "sugerencias o alternativas"dirigidas a la Cortes, pero nunca un decreto de imposición. Así, incide en que es "evidente" que el recinto del palacio no es una vía urbana y que el decreto afecta directamente a la gestión del interior del recinto. "No puede entenderse legítima su imposición", destaca.

Además de incidir en el interés de las propias Cortes en restringir el acceso de coches, sentencia que la determinación de qué debe entenderse como vehículo oficial o autorizado, por qué razones o por cuánto tiempo debe permanecer en el recinto no puede regularlo el Ayuntamiento.