¿Pueden los niños participar en una manifestación?

La Ley de la infancia y la adolescencia en Aragón reconoce a los menores el derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones siempre y cuando sean pacíficas y hayan sido convocadas en los términos establecidos por la ley. En Zaragoza, tuvimos este año un ejemplo de participación masiva de menores en la multitudinaria manifestación de principios de abril en defensa de la escuela concertada.

Aquella situación, sin embargo, difiere en muchos aspectos de algunas situaciones vividas en las últimas semanas en Cataluña. Empezando por los preparativos del 1-O y siguiendo por el mismo día del referéndum ilegal o la huelga general celebrada este miércoles.

Horario lectivo

Para empezar, la huelga general de esta semana se desarrolló en horario lectivo y, tal y como indica un magistrado del TSJA, "la primera obligación de los menores es estar en el colegio". Una manifestación no se contempla como una actividad educativa por lo que incluso una autorización expresa para faltar a clase por parte de los padres podría ponerse en tela de juicio: "En horario lectivo tienen que estar en el colegio", exponen tajantes fuentes del TSJA conocedoras de estos temas. La manifestación de la concertada que mencionábamos al principio transcurrió al margen de la jornada escolar, pues arrancó a las 19.30 de la tarde.

Imágenes y grado de madurez

Por otro lado, el PP anunció este jueves que llevará a la Fiscalía de Menores el uso de niños como "escudos humanos" durante dicha huelga general. El líder de los populares en Cataluña, Xavier García Albiol, se basa en imágenes colgadas en las redes sociales por padres que muestran a sus hijos sentados en carreteras cortadas por los piquetes.

En Aragón, la propia ley de la infancia especifica dos cuestiones que pueden ser relevantes para dirimir en casos así. En primer lugar, en el artículo 15, referido al derecho de participación, asociación y reunión, la ley concreta que este activismo en defensa de intereses y aspiraciones queda sujeto a las "condiciones de madurez" del menor. Una de las fotografías más criticadas este jueves muestra a cinco niños, dos de ellos con chupete, tras un cartel en el que puede leerse "libertad para los presos políticos". Albiol se mostró tajante al pedir a la Fiscalía que actúe contra "los padres o profesores" que pusieron a esos niños "a cortar carreteras".

Además, la mera publicación de esas imágenes podría considerarse también fuera de lugar, pues los padres deben respetar el derecho a la propia imagen de los niños y adolescentes: "La Administración debe preservar a los menores de la utilización de imágenes que permitan su identificación, cuando sea atentatoria contra su dignidad o contraria a sus intereses, aunque medie el consentimiento de los padres".

Adoctrinamiento y valores constitucionales

Por otro lado, en los días previos al referéndum ilegal del 1-O, saltaron a los medios varias denuncias de padres que aseguraban que los profesores de sus hijos adoctrinaban a los menores en las escuelas al decirles cosas como "España roba a Cataluña" o jugar en clase a votar "sí" a la independencia en urnas de papel. El 27 de septiembre se hizo viral el vídeo de unos niños colgando carteles en los que podía leerse en catalán "Votemos para ser libres".

En Aragón, en el artículo 27 de la Ley del Menor, el referido a la promoción y la garantía del derecho a la educación, se especifica que la Administración velará por que los proyectos educativos y curriculares de los centros fomenten la libertad, la igualdad, la no violencia, la solidaridad y "los demás valores establecidos en los principios y normas constitucionales". El referéndum del 1-O fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Además, el artículo 12, el referido al derecho a la información, concreta que "lo padres y poderes públicos velarán por que la información que reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales".

Durante esos días hubo varias manifestaciones a favor del referéndum y la propia Fiscalía de Menores tuvo que manifestarse para advertir a la Consejería de Educación catalana de que era la responsable civil de la seguridad de los niños que acudiesen a manifestaciones o concentraciones en horario de clase, incluso aunque contasen con la autorización de los padres para no asistir al centro.