La escuela concertada dio ayer un ejemplo de fuerza y convocatoria y reunió en Zaragoza a miles de personas (más de 30.000, según datos de la Delegación del Gobierno) para solicitar que no se reduzca ninguna de sus aulas. Unos datos que la convierten en la más numerosa desde la huelga general de noviembre de 2012 para clamar contra los recortes, y que tuvo unas cifras de asistencia similares.

Durante la multitudinaria marcha, que transitó entre el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, los asistentes corearon frases como ‘En Aragón, libertad de Educación’ o ‘Libertad, libertad’, mostrando su indignación por la prevista reducción de aulas concertadas en la Comunidad, obligada por el pacto presupuestario entre PSOE y Podemos que recoge expresamente esta medida.

Los congregados en el centro zaragozano consideran que debe ser la demanda y las peticiones de los padres las que decidan qué unidades mantienen su financiación, y lo hicieron mostrando un único cartel: una gigantesca mano que, por todo logo, tenía impresa la palabra ‘libertad’ y una pulsera con la inscripción ‘compromiso’. Se repartieron más de 20.000 unidades, pero no fueron ni siquiera suficientes.

Como habían pedido los organizadores, no hubo logos ni banderas de ninguna organización en particular, tan solo tres pancartas con un mensaje claro: libertad de elección para las familias. Tres cabezas de manifestación a las que, por cierto, les costó arrancar: tal era el gentío que la que iba a partir de la plaza de la Constitución no había iniciado su andadura a las 19.30, una hora después de comenzar la marcha.

Antes de salir, en la cabecera de la protesta, el secretario general de Escuelas Católicas de Aragón, José Luis Sampériz, se mostraba cauto en sus declaraciones y solo pedía que el Departamento de Educación tuviera en cuenta toda la gente congregada y considere reducir los conciertos en función de las solicitudes de las familias. A su lado, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Aragón, José María Marín Velázquez, lamentaba tener que haber llegado al extremo de salir a la calle y calificaba de "sorpresa" el hecho de que un acuerdo entre dos partidos pudiera dar al traste "con el entendimiento que ha habido hasta ahora entre la Administración y las escuelas concertadas".

Participación "impresionante"

En la primera fila no solo estuvieron los representantes de los centros, sino también de los trabajadores y de las familias. El presidente de Fecaparagón, Miguel Ángel García Vera, valoró la participación en la marcha como "impresionante" y recalcó que el derecho de los padres a elegir está recogido en la ley, algo que "debe garantizar Educación". "No se pueden retirar aulas de centros antes de que empiece la admisión", manifestó.

Por su parte, Miguel Malla, secretario general de FSIE-Aragón, sindicato mayoritario de la concertada, confió en que "Lambán y Echenique se lo piensen y vean la posibilidad de preparar una planificación no a dictado, sino lógica". "Que hay que ir cerrando en pública y concertada por la bajada demográfica está clarísimo, pero no de esta forma. Se saltan la ley y un gobernante no se la puede saltar", concluyó. También Miguel Ángel González, de USO Aragón, se felicitó del éxito de la convocatoria, deseando que haya una reacción por parte de la DGA.

Representantes sindicales y de la patronal nacionales viajaron desde Madrid para dar su apoyo en la reivindicación. Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO consideró la situación que se vive en Aragón "un atropello, un apaño político que obvia los derechos de miles de aragoneses". José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, deseó que los políticos tomaran nota de toda la "inquietud social que han provocado" y lamentó que Aragón sea ahora mismo "la Comunidad donde hay una mayor conflictividad en Educación".

Aunque lenta, la marea humana congregada para clamar por un acuerdo distinto para la concertada fue llegando poco a poco al Pignatelli, donde Miguel Ángel García Vera, en representación de las familias, se encargó de leer el manifiesto final. Un texto en el que incidió en la necesidad de que sean los padres los que elijan la educación que quieren para sus hijos, "como recoge el artículo 27 de la Constitución". Desmintió que sus centros sean "elitistas", pidió más dinero para asegurar los conciertos y criticó el acuerdo de presupuestos PSOE-Podemos, que calificó de "nefasto e ilegal". Miles de personas dejaron las manos de cartón en el suelo y aplaudieron con las suyas estas palabras, a la vez que pedían "que salga Echenique" o "que escuche Lambán". Mientras en la sede de la DGA la gente comenzaba a dispersarse, aún había quien no había logrado pasar de la plaza del Carmen. Y eran más de las 20.00...