Las consecuencias en Aragón del proceso independentistas de Cataluña no han hecho más que comenzar a sentirse. Son sociales, pero también económicas, tanto por el impacto claro que tiene entre el comercio entre las dos autonomías, como por el bloqueo que está suponiendo este proceso en la relación del Gobierno central con el resto de autonomías. Asuntos clave como la negociación de la nueva financiación autonómica, del nuevo PHN, del plan de infraestructuras, o la continuidad de convenios que afectan a diversos ámbitos sociales y de infraestructuras están ahora en el aire. Y se han quedado sin fecha de posible reanudación.

Entre los efectos más destacados para las cuentas públicas aragonesas, destaca que ya no se va a estrenar nueva financiación autonómica el 1 de enero de 2018. El Gobierno central inició las negociaciones hace más de un año y dio los pasos decisivos en verano. A inicios de septiembre, el ministro Cristóbal Montoro iba a reunirse con todos los gobiernos autonómicos, pero paralizó la negociación debido al agravamiento del proceso catalán.

Ese parón se iba a desbloquear a principios de noviembre, pero la situación de Cataluña lo hace totalmente inviable. El objetivo de la negociación que lideraba Montoro es que ese 1 de enero de 2018, Aragón aumentase notablemente los fondos que recibe del Estado. El incremento podría haber superar los 100 millones. Ya no va a suceder en enero del próximo año y, de momento, no hay fecha para que sea una realidad.

Además, el Gobierno central debía renovar al inicio de 2018 convenios educativos, sanitarios y de servicios sociales con la DGA, que están en vigor en 2017, pero que necesitan que la ley de presupuestos generales del Estado de 2018 esté aprobada por el Congreso para que los Ministerios puedan seguir enviando los fondos a la DGA.

Tampoco va a suceder, y ya es seguro que al menos no se desbloqueará antes de marzo del próximo año. Eso implica retraso en el pago de las prestaciones y en los servicios públicos.

Igual que los convenios de ámbito social, Aragón recibe otra partida del Estado que es clave para la provincia turolense: 30 millones anuales para el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). Ese dinero estará bloqueado en 2018 hasta que el PNV dé su apoyo al presupuesto, tras haber pactado un aumento del llamado cupo vasco que está siendo cuestionado por la mayoría de las comunidades autónomas. Y esto no sucederá mientras Cataluña siga intervenida.

Consecuencias bilaterales

Al bloqueo de numerosas cuestiones que tienen su origen en el Gobierno central, hay que añadir la incertidumbre en la relación bilateral que, como comunidades autónomas vecinas, mantienen Aragón y Cataluña. Afecta a todas las áreas con competencias, pero en la que más efectos puede haber es la sanitaria. Ambos gobiernos autonómicos firmaron un convenio de asistencia sanitaria recíproca. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en Cataluña atienden a unos 800 aragoneses al año, mientras que en Aragón a unos 310 catalanes.

A este respecto, el presidente de Aragón, Javier Lambán, manifestó el sábado en Zaidín que espera que no existan problemas y que se mantengan dichos convenios, pero dada la incertidumbre de las cuentas catalanas, que deberán ser revisadas, existen temores entre los ciudadanos de ambas autonomías.