El borrador que modifica algunos artículos del polémico decreto de espectáculos, aprobado el pasado mes de abril, ya es un hecho. La directora general de Justicia, Mª Ángeles Júlvez, dio ayer la noticia en su comparecencia en la Comisión Institucional de las Cortes a petición del PP, y avanzó que los cambios estarán centrados en la "seguridad, vigilancia, sistema de control de aforo y equipamientos sanitarios".

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ya apuntó tras la entrada en vigor del decreto que el Ejecutivo había elaborado una normativa "más exhaustiva" en el control de los aforos y en la seguridad, lo que conlleva un incremento de los presupuestos destinados habitualmente a la programación de festejos.

La Diputación de Huesca fue la primera en manifestar su desacuerdo y en junio aprobó el recurso de algunos artículos concretos, como el 13, 14 y 15, referentes al personal y las medidas de control que deben cumplir los espectáculos. En este sentido, el diputado popular Fernando González apeló ayer en la Comisión a "la necesidad de combinar las medidas de vigilancia con la viabilidad de la ejecución de espectáculos", y señaló que las localidades pequeñas "son las que más acusan las exigencias".

Júlvez apuntó que los incidentes producidos en los últimos años, como el del Madrid Arena, "hicieron necesario un sistema que arbitrase el acceso y la seguridad". La responsable de Justicia añadió que "ha habido nuevos incidentes, más trágicos e imprevistos", y recordó las dificultades a la hora de elaborar el decreto, puesto que "hay que recoger tanto un macroconcierto como la verbena más pequeña".

González incidió en que la DGA tiene la obligación de buscar "el equilibrio y la viabilidad", y expresó la preocupación del PP por "que los pueblos tengan un movimiento cultural sin prescindir de la seguridad".

"Las vidas no tienen precio"

La directora de Justicia insistió en que no piensa poner precio a la seguridad. "Pagar a un vigilante cuesta 150 euros, pero las vidas humanas no tienen precio. Si hay que suspender eventos por seguridad se hace", aseguró.

Darío Villagrasa (PSOE) valoró que Júlvez haya declarado en tres ocasiones ante los parlamentarios y destacó las 240 reuniones que la responsable de Justicia ha llevado a cabo con distintos colectivos para aclarar puntos conflictivos del decreto.

Carmen Martínez (Grupo Mixto) señaló que "no se puede pedir que no haya ciudadanos de primera y de segunda y que ahora parezca que haya que establecer medidas de seguridad de primera y de segunda", en función de si lo que se celebra son grandes citas en ciudades o pequeños espectáculos en localidades con escasa población.

Ramiro Domínguez (Ciudadanos) planteó el problema de que si la regulación es muy estricta "se pueden cerrar muchos espectáculos, pero si la dejamos tibia nos pueden indicar que tenemos parte de culpa". Para María Herrero (Partido Aragonés) "no se puede pedir una legislación rigurosa si luego no se va a acatar", algo compartido por Carlos Gamarra (Podemos), que incidió en que "la seguridad debe primar por encima de todo en establecimientos fijos o carpas".

Júlvez recordó que las verbenas quedan excluidas del decreto, pero no de cumplir con otras normas como la ley de infancia y adolescencia. Respecto a los municipios pequeños, determinó que la mayoría de sus polideportivos no son aptos para desarrollar actividades musicales. "Si a los ayuntamientos les interesa esa función, tendrán que mantenerlos como emplazamientos multiusos, con sus licencias, por lo que se tendrían que realizar planes de evacuación e instalar puertas de emergencia".

La directora de Justicia se comprometió a hacer llegar el borrador a todos los grupos y manifestó que queda dispuesta a escuchar, porque "si se puede mejorar el borrador bienvenido sea".