Los partidos de izquierda se negaron ayer a reducir los 791 consejeros que suman las comarcas de Aragón, cuyos salarios y dietas cuestan al erario cinco millones de euros al año. Así lo evidenciaron en las Cortes con su voto los diputados del PSOE, Podemos, CHA e IU, que impidieron que saliera adelante una propuesta de Ciudadanos en la que se instaba a la DGA a modificar la ley de Comarcalización para poner coto a la "carga política" de las 32 comarcas, además de destinar el ahorro en sueldos y dietas a la prestación de servicios de calidad. El PP la apoyó y el PAR se abstuvo.

La iniciativa se rechazó en la tercera y última sesión del debate sobre el estado de Aragón, que llevó a los grupos parlamentarios a debatir y votar en poco más de dos horas y media las 758 propuestas de resolución presentadas, buena parte de ellas repetidas de iniciativas parlamentarias tramitadas en su día y que siguen sin cumplirse. Este es el caso de una de las medidas de regeneración política presentadas también por Ciudadanos, la supresión de los aforamientos para los diputados autonómicos y miembros del Gobierno de Aragón. En esta ocasión, lo respaldaron todos los partidos con la abstención del PP, justo un año después de que se aprobara en el mismo debate sin que se haya movido un papel.

Igualmente se volvió a instar al Gobierno central a regular que los partidos asuman la responsabilidad patrimonial subsidiaria en los casos de "corrupción política" de sus miembros. Si el año pasado votaron en contra los aragonesistas, en esta ocasión se respaldó por unanimidad.

Igualmente, a iniciativa de Ciudadanos y con el apoyo de Podemos e IU y la abstención del resto, se instó a la DGA a limitar los mandatos de los "cargos" del Gobierno de Aragón, sin concretar a cuántos.

Buena parte de la expectación de la jornada estaba puesta en la votación de las reprobaciones propuesta por Podemos a los consejeros de Ciudadanía (Mariví Broto), Desarrollo Rural (Joaquín Olona), Economía (Marta Gastón) y Hacienda (Fernando Gimeno). La formación morada ya pretendió hacer lo mismo el año pasado en el mismo debate con los tres últimos consejeros, pero como entonces volvió a cosechar el mismo fracaso. Sus catorce diputados no lograron que ningún otro parlamentarios los respaldara.

Batería contra el Gobierno

La formación morada tampoco logró que salieran adelante otras dos propuestas de resolución contra el presidente, Javier Lambán, y su gobierno: una específica para reprobar la "instrumentalización" que, a su juicio, hace el líder socialista de los espacios institucionales y otra sobre la "falta de acción, liderazgo y proyecto" de su gabinete a lo largo del presente ejercicio. Solo le respaldaron la diputada de IU, Patricia Luquin, y los seis parlamentarios aragonesistas, aunque estos últimos se abstuvieron en la reprobación al presidente. Esto mismo hicieron los populares en ambas iniciativas, mientras que el resto de grupos se opusieron.

Pese a ser socios de investidura y respaldar los dos presupuestos elaborados por la coalición de izquierda, los podemistas volvieron a marcar distancias con otra reprobación a la DGA por carecer de un plan de infraestructuras educativas. Aunque el martes se aprobó en Consejo de Gobierno, mantuvo la propuesta y, de nuevo, no salió adelante.

Donde sí estuvieron alineados todos los partidos progresistas fue a la hora de rechazar las iniciativas de la derecha relativas a la reducción de la presión fiscal. No obstante, la política de bloques ideológicos tampoco funcionó de forma exhaustiva, ya que los grupos parlamentarios optaron por respaldar de forma mayoritaria las medidas de impulso económico y protección social, como hicieron en la votación del año pasado. Lo mismo pasó con buena parte de las tramitadas para luchar contra la despoblación. De hecho, se aprobaron 584 de las 758 propuestas de resolución presentadas, un 77%.