La DGA tuvo un agujero presupuestario en el ejercicio de 2015 de 490 millones
La Cámara de Cuentas alerta sobre los graves desequilibros y de algunas irregularidades en la gestión.
El informe de la Cámara de Cuentas correspondiente a los presupuestos de la DGA de 2015 y de treces entidades públicas, revela que en ese ejercicio el agujero presupuestario fue de 490 millones de euros, sin computar los recursos necesarios para reposición del inmovilizado, ni los costes financieros de la deuda acumulada.
Los datos del documento, que fue dado a conocer ayer, alertan sobre "los graves desequilibrios de los que no se informa adecuadamente" y apunta irregularidades subsanables en la gestión de los presupuestos y de las entidades (Salud, Inaem. IASS, IAJ e IAM, entre otras).
La Cámara, presidida por Antonio Laguarta y cuyos consejeros son Alfonso Peña y Luis Rufas, advierte del elevado endeudamiento (7.500 millones en ese año) y un remanente de tesorería negativo de 1.000 de euros. Los presupuestos de 2015, año electoral en el que PP-PAR gobernó hasta julio y PSOE-CHA hasta diciembre, no se incluyeron todos los créditos necesarios para cumplir con los pagos, por lo que hubo que hacer modificaciones sustanciales para pagar nóminas, la concertada o el gasto de farmacia. El mayor déficit corrió a cargo del Salud (346 millones).
La Cámara señala que esta situación no se podrá corregir mientras no aumenten los ingresos o se reduzcan los gastos. Razones por los que Aragón incumplió el déficit, la sostenibilidad de la deuda comercial y la regla de gasto.
La ejecución presupuestaria es criticada y cuestionada en el informe, porque no se incluyeron todos los créditos necesarios para cumplir con las obligaciones de pago, se incorporaron 467 millones de gastos de años anteriores que no estaban contabilizados y faltaron 193 millones de facturas de ese año. Las llamadas "facturas en el cajón" sumaron al final 225 millones, aunque destaca que se redujeron 272 millones respecto al ejercicio anterior.
En el ámbito de la contratación, la Cámara señala varios incumplimientos, como la falta de concurrencia y publicidad en contratos por un valor total de 203 millones, así como la falta de información de contratos menores.
