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El Gobierno PSOE-CHA cubre finalmente el agujero de 31 millones de la concertada

Podemos se abstiene para que salga adelante y se enzarza en un cruce de reproches con el PP.

Antonio Suárez (PP), entre Arturo Aliaga (PAR) y Javier Martínez (C's), ayer en la comisión de Hacienda.
El Gobierno PSOE-CHA cubre finalmente el agujero de 31 millones de la concertada
R. Labodía

El Gobierno PSOE-CHA ha logrado finalmente sacar adelante las dos modificaciones presupuestarias por 31 millones de euros que necesita para pagar las nóminas de la escuela concertada hasta fin de año. Quince días después de que sus socios de investidura de Podemos votaran en contra junto al PP, los diputados morados confirmaron su anunciada abstención en la Cortes de Aragón para, ahora sí, permitir que los profesores cobren y, de paso, "cortar de raíz" lo que, a juicio de su portavoz de Hacienda, Héctor Vicente, era una "serpiente de verano" del PP para "ganar visibilidad" y evidenciar que hacen una oposición "radical, dura".

La comisión de Hacienda no deparó sorpresas. Los partidos de la coalición de gobierno sacaron adelante las modificaciones con el mismo respaldo de PAR y Ciudadanos (siete votos) gracias a la abstención de los tres de Podemos, mientras los cinco del PP mantuvieron su rechazo. Por ello, el interés estuvo en ver el cruce de reproches y ataques entre podemistas y populares, que ni mucho menos fue de los más duros. En lo único que coincidieron de nuevo ambos partidos fue en criticar al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno.

Lo que sí se evidenció es que la coalición PSOE-CHA sacó las modificaciones sin negociar los apoyos ni dar ninguna contraprestación, pese a que Podemos reclamó la semana pasada tres medidas a los socialistas en pro de la "transparencia" y la "igualdad" de la escuela concertada con la pública. Solo con el vago compromiso de estudiarlas les bastó a los podemistas, que ayer ni siquiera mentaron palabra sobre esta cuestión en la comisión de Hacienda pese a la importancia que le dieron al comparecer públicamente.

La justificación oficial

La número dos del Departamento de Hacienda, Dolores Fornals, se limitó a explicar el alcance de los dos expedientes de modificación, defender que este año el agujero era menor, concretamente en cinco millones respecto a 2016, y aclarar que el 86% de los 156 millones que recibirá este año la concertada se destinará a pagar nóminas, mientras que el restante 14% cubrirá gasto corriente. Y, contradiciendo a la Intervención General, negó que se requiera más dinero porque, dijo, se imputaron tres millones de más a la Seguridad Social el año pasado.

No obstante, el más prolijo en la comisión fue el diputado popular Antonio Suárez, quien centró su intervención en arremeter contra Podemos. Así, los acusó de cambiar su voto con la única razón de "evitar que el Gobierno se viera obligado a negociar con el PP". Y sostuvo que los podemistas eran "tan responsables o más" del agujero de la concertada, ya que no solo aprobaron las cuentas, sino que pactaron una enmienda para reducir aún más la asignación y, además, pretendieron sin éxito que la partida no fuera ampliable. Esto le llevó a sostener su voto en contra, ya que estimó que las cuentas no garantizan el mantenimiento de aulas.

Suárez también criticó al PSOE por pactar las cuentas con la formación morada a cambio de cerrar progresivamente aulas de la concertada, lo que le llevó a sostener que les importaba "un pito" no solo los profesores, sino los alumnos y las familias. Igualmente, advirtió de que seguirán votando en contra de cualquier modificación presupuestaria que llegue a las Cortes "manu militari" porque, añadió, el PP no será "muletilla" para que el Gobierno "pueda jugar con unos y con otros".

Vicente replicó que el PP intentaba "explicar lo inexplicable" porque se dedicaba a hacer "tactismo político a costa de las nóminas" de los 4.000 profesores de la concertada en una maniobra que, apuntó, "ha sorprendido a propios y a extraños". Por ello, censuró sus "contorsiones ideológicas".

Mientras, el portavoz del PAR, Arturo Aliaga, hizo hincapié en que los políticos están para resolver problemas "y no para crearlos", defendió la coexistencia de la escuela pública y concertada e instó a la DGA a retomar el pacto por la educación.

En la misma línea se pronunció Javier Martínez, de Ciudadanos, quien lamentó que el pago de la concertada se hubiera convertido en "un juego a ver quien puede más": "No sé si el PP actúa como novia despechada y Podemos como el angelito de la guarda de la concertada, olvidando su ataque despiadado y feroz".

Por su parte, la diputada socialista Isabel García subrayó que no se trataba de hablar del modelo educativo, sino de pagar las nóminas, por lo que censuró la actitud del PP, especialmente cuando el PSOE colaboró con el Gobierno de Rudi para solventar la misma insuficiencia presupuestaria "sin montar numeritos". "No parece muy ético. Han querido secuestrar las nóminas para desgastar al Gobierno", dijo.

Las críticas al PP las hizo igualmente la diputada Carmen Martínez (CHA), lamentando que utilice la educación "como arma política, fuera de toda su lógica y de sus principios". "Eso en política es lo más deleznable", dijo tras censurar de forma velada la actitud de Podemos porque, recordó, "no ha habido cambios en los expedientes en 15 días".

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