Cuando un menor ha cometido un delito que no es excesivamente grave, los trabajos a la Comunidad puede reparar el daño hecho a la sociedad. También este tiene que ser corresponsable y participar. El internamiento debe ser la última medida. El régimen abierto y este tipo de trabajos son una forma de darles a los chavales la oportunidad de aprender y obtener un beneficio social de su labor". Con estas palabras, Antonio Balsa, educador social y jefe de área de Atención al Menor en Conflicto Social del Gobierno de Aragón, justifica la necesidad de firmar convenios entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y los ayuntamientos para iniciar o renovar la colaboración con muchos consistorios.

Recientemente, acaban de suscribirlos con Caspe, Zuera y Cadrete. Pero en el listado de entidades colaboradoras durante los últimos años hay hasta 45 ayuntamientos de la provincia de Zaragoza (entre ellos el de la capital, Calatayud, Ejea de los Caballeros o Tarazona), así como la Mancomunidad del Bajo Huerva o la comarca Campo de Borja. También hay 29 entidades sociales en las que los menores pueden hacer labores por la comunidad, como Cruz Roja, ludotecas, alguna federación deportiva o centros de protección animal) y centros propios de la DGA, como alguna residencia de ancianos.

Los Juzgados de Menores son los que dictan las sentencias que recaen sobre los jóvenes en función del delito que han cometido y su gravedad o si hay reincidencia. En muchos casos, hay reparaciones extrajudiciales. Y es ahí donde actúa el Equipo Educativo de Medio Abierto (EMA). Los educadores sociales que trabajan en este equipo atienden a mayores de 14 años con medidas judiciales o actuaciones extrajudiciales y lo llevan haciendo desde 1994. Desde 2010, hay además un Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 años (EMCA), que organiza también actividades comunitarias.

"Nos interesa que los recursos sean lo más variado posibles y que los chavales puedan ayudar en el mantenimiento de parques y jardines, colaborando en centros de tiempo libre o ludotecas o ayudando a gente mayor o con alguna discapacidad. Se intenta que tenga relación con el delito cometido. Por ejemplo si alguien ha sido juzgado por vandalismo, que trabaje reparando mobiliario urbano", detalla Balsa. "Estas labores no sustituyen a los trabajadores que las hacen y se determina el número de horas en función de los tramos de edad del menor que ha cometido el delito", añade el educador.

Los convenios pretenden dar comienzo o renovar la colaboración con las administraciones locales, también con la idea de poder acercar los trabajos al lugar donde se ha cometido el delito, siempre que sea posible. "Se trata de ver cómo va a ser la colaboración, hacer los planteamientos por escrito, ver cuántos menores pueden aceptar... Salvo que haya indicación en contra, normalmente se intenta que los trabajos los haga en el pueblo donde reside. Ganan autoestima y también de cara a mejorar su imagen pública. La gente ve reconocida la justicia en público –añade Antonio Balsa–. Los menores han cometido un daño social y han hecho trabajar a la Policía, a la Fiscalía, al Gobierno de Aragón... De alguna forma es la manera de reparar el gasto social que han supuesto". Balsa asegura que lo ideal sería que hubiera un convenio marco con las comarcas y ayuntamientos, así como con las asociaciones sin ánimo de lucro.

Los delitos más repetidos

Aunque hay delitos de todo tipo, los más repetidos son contra la propiedad: hurtos, robos, peleas, lesiones y actos vandálicos. Pero también hay violencia filioparental o acoso escolar, entre otros.

Según datos facilitados por el Gobierno de Aragón, en todo el año pasado los servicios de la DGA ejecutaron 1.167 medidas de reforma (989 en la provincia de Zaragoza, 124 en la de Huesca y 54 en la de Teruel) para 875 menores. De estas, hubo 504 expedientes de reparaciones extrajudiciales a menores (485 en Zaragoza, 11 en Huesca y 8 en Teruel) y 135 fueron prestaciones en beneficio de la comunidad (99 en Zaragoza, 32 en Huesca y 4 en Teruel).

Solo hubo cuatro casos donde se decretó régimen cerrado, es decir, que los menores que delinquieron acabaron en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Juslibol; 56 condenas en régimen semiabierto y 316, de libertad vigilada.

"No todos los expedientes de mediación extrajudicial finalizan positivamente, aunque sí en un 70% de los casos. No todas las actividades educativas que se proponen con los menores de 14 implican el desarrollo de prestaciones en beneficio de la comunidad. En cambio, las medidas judiciales sí implican obligatoriamente la prestación de servicios a la comunidad en todo tipo de recursos", explicó Balsa. En el caso de intervenciones en menores de 14 años, durante todo 2016 se abrieron 210 expedientes a 172 adolescentes.