La millonaria donación de Amancio Ortega a los sistemas de salud de las comunidades autónomas españolas ha generado un fuerte debate en las últimas semanas. En total, el gesto filantrópico del empresario gallego supondrá el reparto de 320 millones de euros entre las autonomías, diez de los cuales permitirán la adquisición y renovación en Aragón de equipamiento tecnológico orientado al diagnóstico y el tratamiento del cáncer..

Tras la firma del convenio destinado la compra en la Comunidad de, entre otras cosas, ocho mamógrafos, 16 ecógrafos y un acelerador lineal de radioterapia, se alzaron algunas voces contrarias a aceptar ese dinero al considerar que la sanidad pública no tendría que depender de las donaciones privadas para ofrecer servicios de calidad.

El caso más sonado fue el del comunicado emitido por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA), cuyos integrantes criticaban, además, las políticas y el modelo productivo sobre el que se asienta el entramado empresarial de Amancio Ortega.

A raíz de la polémica, una encuesta realizada por la consultora A+M para HERALDO revela que el 89% de los aragoneses está de acuerdo con que los particulares y las empresas puedan hacer donaciones al Estado. El porcentaje se reduce tres puntos porcentuales si de lo que se trata es de hacer donaciones a la Sanidad Pública, pero de todas formas casi el 86% de los aragoneses se muestra a favor de que exista esa posibilidad.

La cultura de donar no está tan extendida en España como en los países anglosajones y en los últimos años la gran parte de las donaciones en metálico que ha recibido el Gobierno de Aragón procedían de particulares que habían incluido como heredero en su testamento a algún organismo público. Concepción Pardos García decidió, por ejemplo, donar parte de su legado al Hospital Provincial de Zaragoza y Soledad Taulés Beltrán especificó que su patrimonio se repartiese a su muerte entre Cáritas y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

En el caso concreto de la donación de Amancio Ortega -el cuarto hombre más rico del planeta según la revista Forbes- se acentúa un poco la división de opiniones y algo más del 16% de la población aragonesa se muestra reticente a que la Comunidad ejecute la compra de material sanitario con el dinero del propietario de Inditex. De hecho, los beneficios fiscales que puede obtener el empresario con este tipo de actuaciones hacen dudar a algunos de que detrás del gesto solo haya buenas intenciones.

Es cierto que la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo da derecho al donante a algunas deducciones en sus obligaciones con el fisco. Si los 320 millones que se van a repartir llegaron a la Fundación Amancio Ortega a través de una aportación personal del empresario, éste podría deducirse un 30% de ese importe en su declaración (96 millones), por lo que el balance final sería de una aportación real de 224 millones.

Aun con todo, la mayor parte de los aragoneses que están en contra de la donación justifican sus recelos con el argumento de que la Sanidad Pública debería ser autosuficiente y no depender de las donaciones, mientras que algunos opinan que el empresario debería colaborar con la sociedad pagando más impuestos en lugar de haciendo donaciones. Un pequeño grupo menciona también como motivo del rechazo la supuesta explotación laboral que lleva a cabo el grupo Inditex en otros países y otros sacan a relucir el orgullo esgrimiendo que la Comunidad no debería de recurrir a la "limosna" del empresario.

Al margen de estos recelos, la sociedad aragonesa valora con una nota de 8,87 sobre 10 la donación de diez millones de euros para la compra de equipamiento oncológico y el 76,6% considera, de hecho, que deberían fomentarse más este tipo de acciones.