Las mujeres con discapacidad piden más protección contra la violencia
Aseguran que su colectivo es más sensible a sufrir agresiones y solicitan más accesibilidad en pisos de acogida y comisarías.
"Si al hecho de ser mujeres añadimos la discapacidad, la discriminación que sufrimos es doble". Así comenzó ayer Miriam Guerrero, representante de Amanixer (Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad), su intervención en las Cortes de Aragón. Comparecía en la comisión especial sobre violencia machista, una lacra que, desgraciadamente, su colectivo sufre con especial crudeza. Aunque no existen datos en Aragón, Guerrero aportó cifras de encuestas nacionales en las que un 25% de las entrevistadas decía haber sufrido violencia psicológica (frente al 14% que se produce en el caso de mujeres sin discapacidad), y un 11% de ellas, agresiones físicas.
Guerrero denunció que su colectivo es "invisible" para la sociedad, y nombró como algunos de sus principales problemas las dificultades para acceder al mercado laboral o la falta de estima que pueden sufrir lo que las convierte, en sus palabras, en más vulnerables. Durante su disertación, Guerrero llamó a los diputados a que consideren también violencia contra la mujer con discapacidad los casos de maltrato por parte de cuidadores, la esterilización forzosa o el aborto coercitivo.
Por su parte, Marta Valencia, presidenta de Cermi Aragón, denunció problemas que encuentra su colectivo para denunciar, ya sea por dificultades en la comunicación (en el caso de discapacidades intelectuales o sensoriales) o de accesibilidad en comisarías o pisos de acogida. En su opinión, las denunciantes con problemas mentales o multideficiencias suelen presentar menor credibilidad, lo que le llevó a pedir un protocolo en el trato de estos casos por parte de agentes de seguridad y representantes de la judicatura y la abogacía.
Entre sus principales objetivos está además promover una mayor dependencia de la mujer con discapacidad, y para ello solicitó asimismo más campañas de visibilización, trabajo con las familias para evitar la sobreprotección y que las estadísticas incluyan un apartado que especifique qué casos de violencia se ejercen contra el colectivo.
