El Tribunal Constitucional ha decidido levantar las medidas cautelares que impuso el pasado año y que obligaban a dejar en suspenso el criterio de no duplicidad de titulaciones universitarias en Aragón. Gracias a estas medidas, la Universidad San Jorge (USJ), en contra de lo que el Gobierno de Aragón había decidido, podría haber solicitado nuevos estudios, aunque estos ya estuvieran implantados en los campus de la pública en Huesca, Teruel y La Almunia. Aunque no lo ha hecho. A partir de este momento, y tras el auto emitido por el Tribunal Constitucional, el Departamento de Universidad del Ejecutivo autonómico sí podría prohibir a la USJ poner en marcha títulos que existan ya en los campus periféricos de la Universidad de Zaragoza.

La introducción de la no duplicidad universitaria es un galimatías jurídico que el Gobierno de Aragón impuso en dos normas distintas: en una orden del Departamento de Universidad y en una ley (que tiene rango más alto), y ambas están recurridas.

Por un lado, el criterio se incluyó en la programación universitaria de la Comunidad hasta 2019, que es una orden de la Consejería que lidera Pilar Alegría. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recurrió esta orden ante la Audiencia Nacional, que todavía no ha emitido un veredicto definitivo.

Tres puntos en suspenso

Sin embargo, la Audiencia Nacional dejó en suspenso tres puntos de esta norma, incluido el veto a la duplicidad de carreras, hasta que resuelva. Los otros dos puntos que quedaron suspendidos de la orden son la exigencia de que exista una "demanda social" para los estudios que se quieran solicitar, y también la obligación de que las nuevas enseñanzas tengan una "solvencia y viabilidad económica".

Por otra parte, el Ejecutivo de Javier Lambán también introdujo en una ley este principio, que cercena la puesta en marcha de carreras en la San Jorge si ya existen en los campus más pequeños de la de Zaragoza. En concreto, se modificó el artículo 5 de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (Losua) para incluir esta prohibición, y se tramitó dentro de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2016. El Gobierno central interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que fue admitido a trámite y que también está pendiente de resolución.

En su petición al Constitucional, el abogado del Estado sostenía que prohibir que operadores potenciales o efectivos oferten enseñanzas universitarias que ya existen en los campus de la Universidad de Zaragoza es una restricción a la competencia "muy severa". El Tribunal Constitucional aún no ha fallado, pero sí ha levantado las medidas cautelares que no permitían hasta ahora aplicar este criterio, argumentando que los intereses que se consideran afectados "no dejan de ser particulares".

Aunque la Universidad San Jorge no está personada en este proceso, su secretario general, José Manuel Murgoitio, recalcó ayer que esta suspensión de las medidas cautelares se levanta "de forma automática" a los seis meses de haberse tomado. "Ahora sigue el procedimiento, pero el Tribunal Constitucional no prejuzga el fondo", explicó. Además, durante este tiempo, la Universidad San Jorge no ha solicitado introducir ninguna nueva carrera ni en sus instalaciones, en el campus que tiene en Villanueva de Gállego, ni de forma ‘on-line’.

Murgoitio reconoció que ahora mismo, "y al amparo de la ley", la USJ no podría solicitar estudios que existan ya en las dependencias que la Universidad de Zaragoza tiene en Huesca, Teruel o La Almunia, aunque eso podría cambiar cuando el Constitucional emita una sentencia definitiva.

De todas maneras, dejó claro que esto afectaría a peticiones que se pudieran llevar a cabo en un futuro y en ningún caso a grados ya existentes como Magisterio, cuya implantación en la institución privada fue muy criticada por parte del Gobierno de Aragón, que trató de evitarlo, por impartirse ya en Huesca y en Teruel en la Universidad pública.